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El proyecto Ley de Humedales de Costa Rica 

Entre los ecosistemas más importantes de Costa Rica se encuentran los humedales. No obstante, su constante degradación es muy palpable. Por esta razón, el Gobierno de Costa Rica se ha preocupado tanto a nivel nacional como internacional de implementar medidas de conservación, restauración y supervivencia de los recursos de estos ecosistemas.  

Como parte de estas acciones, el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) ha desarrollado desde hace dos años un proceso de conservación y desarrollo sostenible de los humedales a través de la Estrategia Nacional de Conservación y Desarrollo Sostenible de los Humedales del país. Este proceso ejecutado por el MINAE, es facilitado por el Área Temática de Humedales y Zonas Costeras para Mesoamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN/ORMA). Asimismo, el Gobierno de Costa Rica ratificó la Convención Ramsar el dos de abril de mil novecientos noventa y uno y ha logrado incorporar seis humedales dentro de la lista Ramsar de humedales de importancia internacional.  

La preocupación por estos ecosistemas y sus recursos asociados no es nueva y se ha manifestado a través de la aprobación de diversas leyes tales como la Ley de Aguas del 27 de agosto de 1942, la Ley General de Salud del 8 de noviembre de 1973 y otras como la reciente Ley Orgánica del Ambiente del 4 de octubre de 1995, Ley Forestal del  5 de febrero de 1996 entre otras.  

A pesar de estos esfuerzos por conservar los humedales, la legislación se ha quedado corta frente a los requerimientos que los cambios globales y la sociedad exigen. Tratándose de humedales, el Derecho se volvió con el tiempo, estático e insuficiente para adecuarse a las necesidades emergentes de los costarricenses. No existe, por ejemplo, una claridad en los procedimientos para el aprovechamiento, en las competencias sobre los recursos de estos ecosistemas y en la definición de humedales para el trópico.  

El Derecho por pertenecer a las ciencias sociales, es una ciencia que cambia para adaptarse a las necesidades del ser humano, creando conceptos nuevos y remplazando los viejos. En el llamado Derecho Ambiental, cobra especial importancia este tema, ya que los recursos naturales son cada vez más escasos y las necesidades cada vez mayores y con un matiz distinto.  

Atendiendo a estas necesidades que son cada vez más sentidas, particularmente en humedales, el MINAE con la ayuda técnica de la UICN, se da a la misión de impulsar un proceso para satisfacer estas exigencias de cambio por medio de la elaboración de una "Ley de Conservación de Humedales de Costa Rica".  

Las fuentes de este proyecto de ley se encuentran en la jurisprudencia, costumbres, principios, leyes y doctrina; lo cual nos invita a examinar esos distintos modos de exteriorización. Sin embargo, esta corta comunicación pretende referirse a algo más sencillo pero no por eso menos importante: ¿Cómo se puede llegar a elaborar un Proyecto de Ley?  

Se pueden destacar innumerables experiencias que se viven en la realización de una ley y diferentes métodos o mecanismos de cómo hacer un proyecto de ley. Pero resulta fascinante centrarse en uno solo: "el espíritu de colaboración y trabajo conjunto" entre organizaciones no gubernamentales, Gobierno y empresa privada que pocas veces se materializa con claridad.  

Participación y consulta son dos palabras que cobran especial importancia, cuando se realiza un proceso de elaboración de una ley. El proyecto de Ley de Conservación de Humedales en Costa Rica tiene como base la iniciativa del Gobierno y de las comunidades que abogan por procedimientos y prácticas claras para el tan anhelado desarrollo sostenible.  

Es por esto que en el tercer trimestre de 1995 se conforma el Comité Técnico Multidisciplinario e Interinstitucional para la elaboración de un borrador de Ley de Humedales. Este comité estaba formado por el MINAE, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) y la UICN. El comité realizó una ardua labor para la elaboración de un primer borrador de proyecto de ley a través de numerosas dinámicas y sesiones de trabajo. El primer borrador fue presentado en alrededor de siete talleres de análisis y consulta con la participación de diferentes sectores de la sociedad y especialmente de las principales instituciones con competencia sobre estos ecosistemas. El borrador de proyecto fue una y otra vez analizado profundamente y consensuado entre estos sectores y por diferentes profesionales.  

Con este proceso se cumple con uno de los principales caracteres del Derecho Ambiental: la multidisciplinaridad lo cual hacer recordar la lección del Profesor Ramón Martín Mateo quien dice: "no podríamos concebir el Derecho Ambiental como un Derecho cerrado e independiente, sino como una disciplina de síntesis integradora de una serie de aportes".  

Este largo proceso de elaboración del borrador del Proyecto de Ley de Conservación de Humedales de Costa Rica ha brindado la oportunidad a los distintos sectores relacionados con humedales, de intercambiar criterios, puntos de vista y conocimientos que han dado origen a un proyecto concreto y factible que apunta a la conservación y uso sostenible de los recursos de los humedales en el país.  

La labor aun no termina. El Gobierno de Costa Rica decidirá el mecanismo más apropiado para los siguientes pasos que incluyen su presentación a la corriente legislativa del país y de ser necesario, un mayor número de consultas con el fin de reforzar el proceso participativo que ha tenido lugar.  

En conclusión, esta experiencia demuestra que es posible contar con un documento de ley que incluya un proceso de análisis y participación profundos que fortalezcan el intercambio entre todas aquellas organizaciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales en este caso particular, de los humedales. 

The Costa Rican Wetlands Bill

Wetlands are among Costa Rica's most important ecosystems. However, there is clear evidence that they are suffering continual degradation. Therefore the Costa Rican government has paid special attention at the national as well as international level to implementing measures for the conservation, recovery, and survival of the resources of these ecosystems.  

As part of these efforts, over the past two years the Ministry of Environment and Energy (MINAE) has been developing a process for the conservation and sustainable development of the country's wetlands through the National Strategy for Wetlands Conservation and Sustainable Development. The World Conservation Union's Wetlands and Coastal Zones Thematic Area for Mesoamerica (IUCN/ORMA) has been facilitating this process . In addition, on April 2, 1991 the Costa Rican government ratified the Ramsar Convention and has succeeded in incorporating six wetland areas into the Ramsar list of wetlands of international importance.  

Costa Rica's concern for these ecosystems and their associated resources is not new. This can be seen in the passage of various laws such as the Water Resources Law of August 27, 1942; the General Health Law of November 8, 1973; and others such as the recently approved Organic Law on the Environment of October 4, 1995; and the Forestry Law of February 5, 1996.  

In spite of these wetlands conservation efforts, this legislation has fallen short in the face of societal demands and global changes. In the case of wetlands, the laws eventually became so static that they could not adapt to the emerging needs of Costa Ricans. For example, there is a lack of clarity in resource exploitation procedures, in the jurisdiction over these ecosystem resources, and in the definition of wetlands in the tropics.  

The field of law belongs to the social sciences. It is therefore a science that changes in order to adapt to human needs  by creating new concepts and replacing the old. In the field known as environmental law, this point takes on a special importance since natural resources are becoming ever more scarce and human needs ever greater and of a different character than before.  

MINAE has been paying attention to these increasingly felt needs, particularly regarding wetlands. With the technical support of the IUCN, MINAE has taken on the mission of driving forward a process to satisfy these demands for change through the elaboration of a "Costa Rican Wetlands Conservation Law."  

This bill is rooted in jurisprudence, customs, principles, laws, and doctrine and invites us to examine these different modes of expression. However, these brief remarks seek to speak to something simpler but no less important: How to go about developing a bill?  

We can point to innumerable experiences that go into the passage of a piece of legislation, and to different methods and mechanisms for putting together a bill. But it is more interesting to focus on just one: "the spirit of collaboration and joint work" not very often clearly evident among non-governmental organizations, government, and private enterprise.  

Participation and consultation are two words that take on special importance in the process of passing a law. The Costa Rican Wetlands Conservation Bill is founded on the initiative of government and  communities advocating clear procedures and practices for that much sought-after sustainable development.   

For this reason the Multidisciplinary and Interinstitutional Technical Committee was formed in the third trimester of 1995 to produce a draft of the Wetlands Law. This committee was made up of MINAE, the Costa Rican Fish and Aquaculture Institute (INCOPESCA), and the IUCN. It required a lot of hard work in numerous give-and-take discussions and work sessions for the committee to produce a first draft of the bill. The committee presented this draft in approximately seven analysis and consultation workshops with various sectors of society participating, especially the main institutions with jurisdiction over these ecosystems. The draft bill was thoroughly analyzed time and again and a consensus reached among these sectors and by different professionals.  

This process fulfilled one of the principal conditions of environmental law: its multidisciplinary character. This brings to mind the teachings of Professor Ramón Martín Mateo, who said, "We could not conceive of environmental law as discrete and independent; rather it is a discipline of synthesis that integrates a whole series of contributions."  

This long process of elaborating the draft of the Costa Rican Wetlands Conservation Bill has provided the various sectors with a stake in wetlands the opportunity to exchange opinions, viewpoints, and knowledge. The result is a concrete and workable bill whose goal is the conservation and sustainable use of the country's wetland resources.  

The work is not yet finished. The Costa Rican government will decide on the most appropriate mechanism for the next steps, which include submitting the bill to the country's legislature and, if necessary, further consultation with the goal of strengthening the existing participatory process. 

In conclusion, this experience shows that it is possible to produce a bill through a process of analysis and participation that strengthens the working relationship among all those organizations with a stake in natural resource management, and in this particular case wetlands. 

 
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