El comisario general retirado Rafael Rivero Muñoz, ex jefe de Operaciones de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), descartó que los atentados contra el Consulado de Colombia en Caracas y la oficina de Asesoría Técnica de España fuesen realizados por elementos extranjeros. Por el contrario, Rivero cree que las averiguaciones de la policía judicial deberían orientarse hacia la posible participación de personas indiciadas por hechos similares ocurridos en 1993: Ramiro Helmeyer y Walter Alexander Del Nogal. El criterio del ex agente de la policía política fue consignado en un escrito que divulgó el pasado jueves en su página de Internet “Acción Cívica”. Sobre este particular también dialogó con los periodistas. En su artículo puso de relieve la similitud de los modus operandi aplicados contra las oficinas diplomáticas y los vistos en las sucesivas explosiones de 1993, que desembocaron en el caso del “carro– bomba”.

Ramiro Helmeyer estuvo implicado en  el caso del carro bomba en el CCCT

“Ambos sujetos (Helmeyer y Del Nogal) se encuentran en libertad a pesar de haber sido condenados, por aquellos hechos, a 30 y 20 años de prisión, respectivamente. Más aún, se encuentran activos y vinculados a varios funcionarios públicos del Estado y relacionados éstos a las actividades del manejo y control de divisas”, afirmó.

Rivero indicó que el primero asesora en materia de seguridad al diputado Nicolás Maduro, uno de los representantes del Gobierno en la Mesa de Negociación y Acuerdos. Del Nogal, mientras tanto, asistiría al gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), teniente coronel retirado Gustavo Pérez Issa, en cuestiones de telefonía. Sostuvo que tales posiciones hacen pensar que las pesquisas policiales no avancen.

El comisario recordó que el 11 de abril de 2002 Pérez Issa mantuvo comunicación telefónica con uno de los indiciados por la Masacre de Miraflores, el concejal Richard Peñalver, para ofrecerle que si necesitaba munición “recojo la que tengo aquí y te la mando”.

En esta oportunidad, indicó, tanto Helmeyer como Del Nogal pudieron asociarse con un alto funcionario de la división de Inteligencia Financiera de la Disip, quien hacía kárate con el primero en un gimnasio de Las Mercedes.

Un solo equipo

El ex jefe de Operaciones de la Disip sugirió que el ataque a las oficinas diplomáticas fue realizado por un solo equipo. Según sus cálculos, el recorrido entre los puntos donde ocurrieron las explosiones no tarda más de 10 minutos, a la hora y en las condiciones de tráfico que para ese momento existían.

“La zona de esta operación es similar a la escogida en 1993. La conocen. Segundo, los países fueron señalados por el Presidente expresamente en su último programa dominical. Esto permite que el señalamiento venga directo hacia esta versión por obra del brazo armado. Lo que dijo el mandatario ubicó los blancos”, dijo.

—¿Por qué no escogieron a intereses de Estados Unidos?

–Representa demasiado riesgo por la ubicación, los sistemas de seguridad y la capacidad de reacción. El grupo fabricó los panfletos, decidió un día, escogió la hora y puso los explosivos. Lo demás viene solo.

Las afirmaciones del jefe del Estado contra los presidentes de España, Colombia y Estados Unidos, añadió, simplemente servirían como excusa para la colocación de los explosivos.

Pero el verdadero objetivo de la operación, según Rivero Muñoz, sería económico, como lo fue en 1993.

“Estos son individuos fríos y calculadores. No olvide la forma como mataron a Mario Patti en 1993. La tardanza de Hernández Behrens (presidente de Cadivi) está creando problemas en la economía. Esto ha permitido que se active el mercado negro de los dólares”, señaló.

Las explosiones, en su criterio, incrementarían el precio de la divisa estadounidense, lo que haría más atractiva la negociación de sumas ya disponibles en el mercado paralelo.

“Si posees contactos con la división de Inteligencia Financiera de la policía de seguridad del Estado, lógicamente tienes acceso a la información sobre el manejo de sumas por parte de los bancos a los precios que fija el Gobierno, pero también la información sobre toda transacción que se haga fuera de ese circuito”, indicó.