2.002

Como consecuencia de los hechos del once de abril (11A) en los alrededores del palacio de gobierno que culminaron con la muerte a tiros de 19 civiles desarmados que marchaban en una concentración cívica y que se conoce ahora como “La Masacre de Miraflores”, y los eventos de los días subsiguientes –12 al 14– materializados en asesinatos, incendios, saqueos y daños a propiedades públicas y privadas, preparé un papel de trabajo titulado “Proyecto de Acción Ciudadana”, donde se discriminan al detalle los eventos, las condiciones generales y particulares y las acciones que han de ser adelantadas por la sociedad civil con miras a llevar por ante los tribunales de la República –o extrafronteras si fuere el caso– a los responsables materiales e intelectuales de ese acto criminal. Como resultado de tal desempeño, el papel de trabajo fue tomado como objetivo y marco para la acción de una Organización No Gubernamental (ONG) en formación. Mi actividad en ese particular, se circunscribe a un asesoramiento permanente a esa ONG en la preparación, organización, implementación y puesta a punto del plan de acción; recopilación, substanciación y seguimiento –y ajustes si fuere necesario– en la ejecución del proyecto.

1.984 - 1.995

A partir del año 1.984 y hasta el presente, como consecuencia de la grave incertidumbre que se venía observando tanto en las capacidades políticas del gobierno como en las propias al desempeño técnico y operacional de los distintos cuerpos de policía –militarizados o no–, he sido directo y activo participante en las campañas públicas de los medios de comunicación social dirigidas al logro de soluciones, entre ellas, el saneamiento y profesionalización de esos organismos. Hasta la fecha, he sido el autor y me han sido publicadas más de doscientos cincuenta (250) artículos de opinión y entrevistas donde se dejan conocer las circunstancias técnicas, las evidencias y ejemplos indubitables del grado de deterioro sostenido tanto del concepto de Seguridad Pública, como de la función del Estado venezolano y en especial de los medios de ejecución material de las medidas de policía, consecuencialmente del aberrante estado de la teoría y la práctica de la justicia en términos generales. Tengo un acumulado de unas ciento veinte (120) horas de entrevistas por distintos medios nacionales y extranjeros que han sido, unas publicadas en la prensa escrita, otras difundidas en directo o diferido por la radio y la televisión venezolana y extranjera. He organizado en algunos casos y en otros participado, conferencias y foros sobre el tema de la seguridad pública.

1.985 - 1.986

Como consecuencia de las actividades ilegales de los comandos superiores de los cuerpos policiales nacionales, y las operaciones abiertas y encubierta de órganos para–policiales; el involucramiento de altos funcionarios de esos cuerpos policiales en las actividades de soporte y apoyo a la estructura de fabricación, transporte, tráfico, comercialización, importación y exportación de drogas y/o sus precursores, organicé los distintos equipos de voluntarios, planifiqué, coordiné y realicé las investigaciones y comprobaciones; promoví la organización del esfuerzo de miembros de la comunidad –representantes del Congreso y gente de opinión– para iniciar y llevar adelante la campaña de difusión por los medios de comunicación. Se logró el interés de la comunidad –por vía de consecuencia del Congreso– y la designación de Subcomisiones Especiales del Congreso y el Senado para las investigaciones en los caso identificados por los medios y conocidos como: “DISIP–resarios”, “Manzopol”, Tráfico de Químicos. La campaña sostenida de varios meses produjo como efecto, dado los niveles de presión sobre el gobierno que habría generado la opinión pública, la destitución del Ministro de Justicia José Manzo González, y la eliminación del cuerpo para–policial conocido como “Manzopol”.

1.984 - 1.985

Como consecuencia de una serie de desafueros, excesos, ajusticiamientos, atracos y otras actividades delictivas de individualidades a distintos niveles jerárquicos dentro de los cuerpos de policía –nacionales y locales–, en la región del Zulia, y posteriormente el secuestro y asesinato del menor Rafael António “Macho” González por parte de funcionarios policiales; inicialmente a solicitud de algunos afectados y posteriormente por iniciativa propia, organicé y dirigí el programa de actividades del equipo de investigación técnica y periodística. Se realizaron operaciones de búsqueda de información, trabajo de campo y entrevistas a lugareños que dieron como resultado el descubrimiento de lo que se llamó en su momento “Los Pozos de la Muerte”, en uno de los cuales y a pesar de las acciones directas de interferencia del gobierno nacional y local, se logró la ubicación de cinco cadáveres de ciudadanos que habían sido ajusticiados por los cuerpos de policía. La campaña de la prensa –escrita, radial y TV– y la presión de la opinión pública, precipitaron decisiones del alto gobierno y, aparte de intentar silenciar el asunto por la vía de la fabricación de un juicio contra los investigadores, se vieron obligados a cancelar toda investigación y a derrumbar instalaciones, destruir evidencias y sellar con concreto los “Pozos de la Muerte”.

1.984

Como consecuencia del inicio de los trabajos y discusiones en el Congreso Nacional de la nueva Ley sobre Drogas, a solicitud de algunos miembros de esa comisión, preparé una conferencia con material de apoyo audiovisual, para ilustrar el complejo mundo financiero industrial de la droga, en especial la cocaína. La conferencia luego fue presentada ante los miembros del alto mando del Ejército nacional, los miembros de la Corte Marcial y la Conacuid.

Luego del asesinato del Ministro colombiano en funciones, Rodrigo Lara Bonilla, por iniciativa propia y a los efectos del alto gobierno preparé un informe técnico donde se contemplaban los aspectos políticos, geopolíticos de la situación de la droga en Colombia y algunas apreciaciones sobre su incidencia en nuestro país.

Luego de su retorno de los Estados Unidos y de la difusión por parte del Ministro de Justicia venezolano de la existencia en Venezuela de un número de “drogadictos” igual o superior a los 500.000, procedí a la investigación de los datos, preparé un programa computarizado para el soporte técnico de los datos estadísticos y el diagrama denominado “Flujograma de Proceso de la Actividad Económica de la Droga”. Trabajos donde quedaron perfectamente probados y comprobados los términos reales de la situación venezolana en materia de drogadicción, y donde se desvirtuaba por completo la información oficial emanada del alto gobierno por la vía del Ministro de Justicia de la época, José Manzo González.

Fui designado Asesor “ad honoren” de la Conacuid, cargo al cual renuncié tres meses después.