Ciudadano

Henrique Fernando Salas Feo 
Gobernador electo por el estado Carabobo

Palacio de Gobierno
Edificio Capitolio. Avenida Montes de Oca entre Páez y Colombia frente a la Plaza Sucre
Valencia, estado Carabobo

Su Despacho

Caracas, 08 de septiembre de 2003

Ciudadano:

De la lectura del diario local Notitarde en sus ediciones del sábado y domingo, me entero de la ocurrencia de un grave hecho de sangre que tuvo como origen una muy extraña y supuesta operación policial. Como es costumbre, me detuve en la información y su seguimiento para el análisis y la redacción de una nota de información con destino a mi archivo personal.

Del somero análisis que permite la limitada información hasta ahora recopilada, se extraen sin embargo particularidades que no dejan de llamar la atención y transmiten la idea de que en lo absoluto se trató de una operación policial, antes por el contrario, fue una acción típicamente delictiva que, en este caso, habría sido ejecutada por supuestos funcionarios adscritos a la Policía de Carabobo. Sólo una verdadera investigación administrativa y penal, podrá dilucidarlo.

Siendo que, del cúmulo de informaciones recopiladas y notas redactadas alrededor de las actuaciones policiales durante este período de gobierno, emerge la posibilidad de que estemos transitando por la senda de violentas operaciones organizadas y sistematizadas en contra de la población civil, hasta el punto de que, según expuso el Fiscal General de la República a la prensa capitalina, existe ya un acumulado de no menos de 1.541 ciudadanos asesinados sea en supuestas operaciones policiales, sea en falsos arrestos, detenciones y secuestros ejecutados por funcionarios policiales, para–policiales o unos llamados “Grupos de Exterminio”; tal es el caso de los estados: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Falcón, Lara, Portuguesa, Táchira, Yaracuy, Zulia, y Carabobo, en un período no mayor a treinta meses y sin que hasta ahora haya existido –al menos no son del dominio del ciudadano común– por parte de ninguno de los gobernadores locales, precisas decisiones administrativas para contener y reprimir ese criminal desempeño por parte de algunos miembros de los órganos de policía.

Siendo que, la conducta deducible de los funcionarios de policía actuantes en el caso que nos ocupa, salvo evidencias sustentables en contrario, revela la existencia de severas deficiencias en el desempeño de los cuadros de mando de esa organización, que se expresa, sea en incompetencia sea en negligencia en su más simple consideración, o de complicidad en la más grave de sus expresiones.

Siendo que, el estado Carabobo figura con por lo menos diez casos de mala praxis policial o de la operación de “Grupos de Exterminio”, casos citados por el Fiscal General y algunos de ellos expuestos directamente ante usted por la oficina en Lóndres de Amnesty International, como lo fuera en la comunicación de fecha 12 de febrero de 2002.

Me permito en mi exclusiva calidad de ciudadano común dotado de una cierta y limitada experiencia de campo, llamar su atención sobre el asunto, a cuyos efectos, hago llegar en anexo una copia de la nota de información redactada.

Debo dejar sentado que no conozco de vista, trato o comunicación a las víctimas o a sus relacionados o testigos en este caso; no tengo relación alguna con personeros o dependencias u organismos de seguridad, nacional, regional o local. No me anima interés alguno distinto al que abriga un ciudadano en presencia de actos contrarios a la norma y que asume como deber profesional y social, notificarlo o exponerlo ante la autoridad competente. Hasta allí llega mi interés y responsabilidad; corresponde a otros asumir las pertinentes al caso expuesto.

Sin otro particular; de usted.

Rafael Rivero Muñoz
Comisario General

Anexo: Lo indicado