Señora

Liliana de los Ángeles Hernández Soto

Organización Política Primero Justicia

Diputada Electa como Representante por el Distrito Capital

Asamblea Nacional de la República de Venezuela

Caracas, Venezuela.

Caracas, 01 de Septiembre de 2003

Señora representante:

Exponiendo de antemano mi consideración y respeto personal por la actividad política que ha venido desarrollando en el seno de la Asamblea Nacional durante este período; a sus interesantes opiniones que he podido ver, escuchar y leer en los medios de comunicación, debo sin embargo comentar que, como morador de este territorio, supuesto ciudadano y elector, al menos en el específico ámbito de seguridad pública y de la administración de justicia, no he estado, no estoy, ni podré estar en lo absoluto satisfecho con los resultados de la labor de esa Asamblea Nacional de la cual usted es miembro con voz y voto.

Como ciudadano, si es que se pretende aplicar tan específico término a un morador, no puedo sentirme representado, ni pienso que usted haya representado a cabalidad los intereses de una comunidad sujeta a un programa de exterminio y a un estado tal de cosas –en el ámbito de la materia citada– que, voluntaria o involuntariamente, ha conducido al país a ingresar en una categoría que en el concierto de naciones se identifica con el concepto de: Estado Forajido.

Comprendería los argumentos en descargo que usted y sus pares pudieren alegar en su defensa y acepto que otros asuntos “políticos” importantes para usted y su organización política –que no la justicia... vaya contradicción–, han ocupado y ocupan por completo su tiempo; mas sin embargo, cuando afirmo mi condición de morador de un territorio, es precisamente por tres verificados y verificables criterios: a) sólo en el Estado de Derecho, existe el ciudadano; b) el Estado en Venezuela no existe como tal –o al menos de la manera que opera no es aquella definida por la teoría, la sana lógica, por la práctica, y que se materializa en el desempeño eficiente de los poderes públicos; una idea, un concepto y una función supuestamente vigente por estar prevista y prescrita taxativamente en la Constitución de 1999; c) de existir en el estado actual de las cosas, entonces resultaría ser una tremenda estafa en la que, quiérase o no, participamos todos, puesto que el primigenio y principal objeto del Estado es el de imponer el orden.

No es posible admitir que éste –el Estado–, como idea, concepto y función exista, si nos atenemos a los resultados que hoy, a casi cinco años de supuesto gobierno, arroja el desempeño de los poderes públicos en función de sus deberes y obligaciones en cuanto a la materialidad de la paz, la seguridad y el derivado efecto: el orden público.

Salvo prueba en contrario afirmo, sin orden no puede existir la justicia, pero es que sin justicia, tampoco puede existir el orden. A menos que llame usted: orden y justicia: a)  lo que impera en una comunidad de moradores de un territorio donde no menos de 1.541 moradores del territorio han sido falsamente arrestados, detenidos, o simplemente secuestrados por funcionarios de policía y luego, asesinados a tiros; ésto,  en un lapso no mayor a treinta meses; b) lo que existe al interior de esta comunidad de moradores cuando registra un índice de 821,47 delitos por cada cien mil habitantes para el año 2002 (846 en su proyección a diciembre de 2003); c) lo que existe al interior de esta comunidad de moradores que registra una tasa de 41,05 asesinatos por cada cien mil habitantes año; d) lo que existe al interior de esta comunidad de moradores cuando se registra el índice de un secuestro cada 41 horas, según las cifras proyectadas hasta el final de este año.

¿Orden y justicia, la sentencia de un juez de la República que declara inocentes y pone en libertad a los diez funcionarios policiales supuestamente imputados por el delito de “desaparición forzada de personas”, cuando a pesar de haber quedado probado y sentenciado el arresto, la detención o el secuestro de la víctima por esos funcionarios policiales, sin embargo, a un mil días desde la fecha del hecho imputado y aún después de la sentencia dictada por ese juez, la víctima, permanece en situación de  desaparecido?

Si bien usted pudiera alegar que sus responsabilidades como representante electo no son del ámbito ejecutivo sino exclusivamente legislativo, también es cierto que, entiendo, una Asamblea, como se denomina ahora el Congreso, tiene responsabilidades en la materia que nos ocupa puesto que, además de legislar, tiene el deber, la obligación y la responsabilidad de supervisar y controlar el desempeño del Ejecutivo y de los titulares de los otros poderes que por decisión supuestamente autónoma del poder del cual usted forma parte, han sido designados, juramentados y ejercen esos cargos.

¿Específicamente, se ha hecho algo en concreto, eficaz y efectivo, en el sentido de esa función contralora de desempeño del poder Ejecutivo, del poder Judicial y del poder Ciudadano? Todos ellos a la luz de las resultas, ineficientes e ineficaces, cuando menos negligentes, por no usar otro término.

Otras preguntas harían el texto de esta comunicación muy extenso por los detalles que tendrían que ser abordados; prefiero anexarle la copia de una nota de información que he redactado sobre el asunto y a los efecto de remitirla Fiscal General de la República Dr. Julián Isaías Rodríguez Díaz (designado al cargo en G.O. del 20 de diciembre de 2000), y que se explica por sí misma. Dejo en sus manos, pues, el hacerse del tiempo necesario para una lectura, verificación de datos, reflexión y derivada decisión; personal, propia e indelegable de quien asumo, pretende representar los intereses de la comunidad de moradores de este territorio. Posiblemente si así lo hiciere, se produzca un alto en la campaña genocida en curso, y, signifique una esperanza para que algún día podamos recuperar los moradores, la condición de ciudadanos.

No tiene usted obligación alguna de responder las preguntas formuladas, menos aún esta comunicación puesto que, ante quien debe y deberá responder es ante usted misma, ante la comunidad; quizás en algún momento tenga que hacerlo ante los deudos de las víctimas ya caídas, y las que faltan por caer a manos de esta maquinaria genocida, y, finalmente, ante los que, confiados en esta parodia de democracia, votaron por usted y la llevaron a su curul.

Seguramente considere usted duro y hasta contradictorio el lenguaje de éste, mi personal reclamo, pero sólo ante los que se perciben más capacitados y con potencial de acción al interior de esa Asamblea y su hasta ahora bizantino desempeño, vale la pena el intento, asumiendo que si tiene respuestas contundentes frente a lo planteado y puede exponerlas y sustentarlas con sus actos y éstos fueren cabalmente satisfactorios en sus resultados, algo se logra, y no tendré empacho alguno en reconocerlos a futuro.

Sin otro particular, reiterándole mis sentimientos de consideración y de respecto, quedo de usted; atentamente.

Rafael Rivero Muñoz

Comisario General

Anexo: Lo indicado

C.c. vía lhernandez@asambleanacional.gov.ve