Otra evasión de conflicto

Así hemos tomado la referencia de algunos hechos ejemplarizantes de la expresa y manifiesta debilidad demostrada por la elite política –en gobierno y oposición– y los responsables de la Administración venezolana en el área de seguridad pública y en cuanto a grupos armados –supuestos abanderados de intereses políticos– actuando al interior de su territorio, sean éstos, operadores políticos con intereses intra o extra-frontera o miembros de organizaciones delictivas o guerrilleras autóctonas. Nos corresponde mencionar otros hechos políticos demostrativos ya en el terreno de intereses privados y no políticos colocados por sobre los intereses del Estado. Dos situaciones en otro campo de ilícitos son de mencionar por su importancia, la una en el terreno del tráfico de drogas, la otra en cuanto a las actividades en Venezuela de representantes de la Mafia, la originaria, la siciliana.

El treinta de septiembre de 1983, luego de un proceso de información e investigación de treinta meses, se logra la incautación –para ese momento– del cargamento más grande de cocaína en una sola operación, 667 kilos. Dos reacciones de la Administración fueron evidenciadas, la primera, sacar provecho publicitario del decomiso; la segunda, evitar que la investigación subsiguiente continuara y culminara con la identificación de los cómplices y los responsables de la operación financiera; por una parte permitiendo la fuga al exterior del operador principal, el oficial retirado de la marina Lizardo Márquez Pérez y por la otra evitando y obstaculizando toda posibilidad de desarrollo ulterior de las indagaciones. Sin embargo, quedarían perfectamente establecidas las vinculaciones en el almacenamiento y transporte de la droga, tanto de oficiales de la FA en situación de retiro como un oficial general activo comandante de guarnición, y en la operación financiera, la injerencia directa del asesor político y potencial jefe de campaña presidencial del candidato de gobierno, el propio Ministro de Relaciones Interiores en funciones para ese momento. Lizardo Márquez Pérez sería luego detenido en Miami y condenado a cuarenta años por un tribunal norteamericano.

Otra investigación criminal adelantada con el soporte de agencias norteamericanas, canadienses, inglesas e italianas, evidenció la presencia y actividades ilícitas del crimen organizado en Venezuela: la familia del clan Cuntrera Caruana. Desde que se presentó el informe preliminar con las constataciones realizadas en territorio venezolano y las vinculaciones directas con bandas del crimen organizado operando, entre otras ciudades y países, en Nueva York, Chicago, Lóndres, Canada e Italia, la Administración guardó expreso silencio; meses después devolvería el informe a la unidad emisora, pero sin decisión. Las ulteriores investigaciones pusieron al descubierto algunas otras vinculaciones del grupo delictivo Cuntrera Caruana con funcionarios de alto y medio nivel en el Ejecutivo, entre ellos, de quien había ejercido en ese período de gobierno el cargo de Ministro de Relaciones Interiores. En el siguiente período de gobierno, tampoco fue posible la admisión del informe y menos aún continuidad en la investigación y una decisión. Fue necesario que cada gobierno afectado implementara una campaña de presión política y mediática nacional e internacional, para que el gobierno, en extremo, decidiera la expulsión del país de los tres hermanos Cuntrera.

Otras evidencias demostrativas de esa ausencia de voluntad política del Estado expresamente dirigida a mantener el monopolio de la violencia, son de mencionar. En el caso de los asaltos a bancos, instituciones financieras y transportes de valores que ya hemos citado, la evidenciada inacción del Estado deja a libre albedrío de los particulares interesados, los pertrechos bélicos y a su voluntad, el uso de la coacción y de la amenaza y en sus extremos, del uso directo de la violencia letal sobre los ciudadanos en función de sus intereses crematísticos; también en estas acciones, como citamos, encontramos que de una u otra forma, en el antes el durante o después de cada acción, funcionarios de mediano y alto nivel, por acción u omisión, sirven de apoyo a esos intereses. En el caso de secuestros a ciudadanos, demanda y pago de rescate, citamos situaciones donde funcionarios delegados directos del más alto magistrado de la República, saltando e ignorando los comandos policiales competentes, han sido los comisionados para negociar montos de rescate, transmitir a los familiares de los secuestrados las exigencias monetarias, para obtener los fondos líquidos de manos de los familiares de las víctimas y, luego, en supuestas operaciones clandestinas, entregar el rescate –o parte de éste– a los secuestradores.