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Vistos ya algunos efectos
perniciosos –deseados o no– de la voluntad política y sus decisiones,
abordemos el caso contrario, también expresión de voluntad pero en la
ausencia de decisión, o de decisiones de efectos contrarios a los
previstos en ese contrato social que tanto hemos referido. A estos
efectos, nos referiremos a la calidad y vigencia de unos de los más
importantes atributos del Estado en función de estar en capacidad para
imponer su voluntad sobre todo el territorio y sus gobernados. Son las
expresiones que en su conjunto han erosionado severamente las capacidades
del Estado para aprisionar y mantener el monopolio de la violencia legítima.
Esta pérdida del
monopolio en las capacidades y el ejercicio de la violencia por parte del
Estado venezolano, ha sido un proceso quizás lento pero definitivamente
sostenido, que tiene unas primeras expresiones durante el trienio
1945–48 y luego comienza en forma soterrada a partir del primer gobierno
electo luego de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez. En
aquella oportunidad, el Ministro del Interior de la época, por razones de
tipo personal que luego fueron cubiertas bajo el manto de la lucha
antisubversiva, importó desde Miami a un primer grupo de sus amigos y
custodios de seguridad, naturales cubanos supuestamente entrenados a
quienes incorporó, unos como efectivos en la nómina del cuerpo de
seguridad de Estado, a otros a unas unidades clandestinas de
“inteligencia” y para el combate contra desafectos al gobierno y
contra lo que luego de la primera división del partido de gobierno, se
organizaría como guerrilla urbana y suburbana. Casi de inmediato el grupo
de “importados” comienza a crecer en individualidades y
especialidades. Por supuestas o reales necesidades logísticas de
esos ya importantes grupos, comienzan a ingresar a Venezuela oficial y
oficiosamente, ingentes lotes de armas individuales, municiones,
explosivos, explosores, y las habilidades, manuales y técnicas
terroristas. Por su parte los recién organizados cuerpos de seguridad,
comienzan a su vez a equiparse en armamento y munición –el traficante
en armas Samuel Cummins coloca su primer importante pedido de desechos de
guerra, los sub-fusiles Madsen MI destinados a la policía uniformada,
seguido de un segundo pedido de sub-ametralladoras Madsen MII para los
cuerpos no uniformados–. Cada nueva situación de real o supuesto para
la democracia peligro –militar o guerrillero– o cada nuevo jefe
policial que llegaba a un cargo directivo, exigía nuevo equipamiento en
cada vez más modernas y letales armas individuales, sin que por tanto, órgano
alguno de la Administración ejerciera supervisión sobre origen,
certificación de lotes y proveedor, y asumiera un control pertinente
sobre la importación, almacenamiento, distribución y disposición de los
equipos letales en proceso de compra o los ya importados[12].
Los grupos alzados en armas, por su parte, comienzan a recibir
clandestinamente desde dentro, mediante el trasvase de suministros bélicos
y desde fuera de las fronteras, mediante el contrabando de equipos
individuales para la guerra: fusiles automáticos, ametralladoras,
proyectiles, granadas y explosivos.
Ya a mediados del segundo
período de gobierno electo, luego del “Viraje Táctico” declarado por
la subversión, comienzan a replegarse los grupos alzados en armas,
algunos de cuyos líderes negocian con representantes de gobierno su
desmovilización. Sin embargo, las armas y pertrechos bélicos en manos de
estos grupos, no fueron, en su momento, requeridos, ubicados e incautados
por el Estado. Ese segundo gobierno, en sus últimos meses previos a la
entrega del poder al partido opositor ganador, organiza la Oficina de
Asuntos Especiales (OAE) y nombra en el cargo a un representante de ese
partido opositor. Este nuevo jefe policial, procede a reclutar personal de
operadores sobre el terreno, y a incorporar a su plantilla a un gran número
de los “importados” cubanos ya residentes en el país. Continúa el
proceso de desmovilización de la guerrilla en las mismas condiciones, mas
por razones políticas del nuevo gobierno, se le otorga a la operación un
rango de decisión política de la Administración, bajo el epíteto de
“La Pacificación”, que incrementa el número de individualidades que
se suman al proceso de desmovilización, muy en especial de los
integrantes de los cuadros de mando de los grupos subversivos; éstos
–si no todos– en su gran mayoría reciben ayuda monetaria inmediata y
luego, financiados con fondos secretos del Ministerio del Interior por órgano
de la OAE, son enviados al exterior en supuestas misiones de estudio;
pero, lo trascendente del asunto: las armas, explosivos, municiones y demás
equipos para la guerra, tampoco son ubicados, requisados o incautados por
el Estado
Paralelamente, una nueva
negociación debilita aún más el Estado en cuanto a su monopolio de la
violencia. Por razones de Estado –aducidas en función de la debilidad
del gobierno y que pudieren luego ser alegadas como eximentes de
responsabilidades–, el jefe de la OAE como representante del nuevo
gobierno en funciones, acuerda en principio con los representantes de los
naturales cubanos incorporados a esos servicios, luego de allí enlaza la
negociación con los jefes de los grupos opositores del gobierno cubano
residentes en Miami. Palabras más palabras menos, el asunto concluye en
los siguientes términos: a cambio de que los operadores del exilio cubano
no ejecutaran acciones de terrorismo en contra de los ciudadanos e
intereses venezolanos en su territorio y fuera de él, especialmente en
los Estados Unidos, el gobierno venezolano le garantizaba a todos y cada
uno de los naturales cubanos residentes en Venezuela, dos
contraprestaciones, a) a todos los cubanos que habían trabajado y
trabajaban en los cuerpos de seguridad, dentro o fuera de ellos, dentro o
fuera del territorio, se les garantizaba en mejores condiciones tanto los
ingresos monetarios como las prebendas de las cuales habían disfrutado
durante el período de gobierno anterior; b) el exilio cubano, dentro y
fuera de territorio venezolano, no sería perseguido ni objeto de
investigación o medida alguna por parte del gobierno venezolano, antes
por el contrario, se les garantizaba el apoyo en su lucha contra Fidel
Castro. Precisamente, de ese grupo de cubanos exilados residentes en
Venezuela e incorporados a los cuerpos de seguridad, con el apoyo de
algunos de los residentes en USA y otros países latinoamericanos, emergerían
los responsables intelectuales y los autores materiales de la voladura del
avión de Cubana de Aviación.
[12] Tal como es el caso de la
importación de la nueva carabina o pistola ametralladora de la F.N.
Herstal P90 del calibre 5.7 x 28 mm.; arma concebida para operaciones
militares de comando y detrás de líneas enemigas, cuenta con
cargadores de 50 tiros y un nuevo proyectil de dotación capaz de
penetrar a 200 metros blindajes de 1.6 de titanio y chalecos antibalas
de 20 capas de kevlar. El primer lote importado fue de doscientas
piezas. Ya han sido exhibidas por civiles escoltando a oficiales
militares al frente de unidades en la ocasión de manifestaciones públicas.
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