No termina allí

Mas el complejo asunto no termina allí, ha venido escalando hacia más delicadas situaciones. Durante los cuatro años de este último período de gobierno, suficientes evidencias han sido expuestas por los medios de comunicación –no refutadas y menos aún investigadas por los órganos competentes–, referidas a la dotación de armas y equipamiento militar –fusiles, granadas, munición y uniformes– a grupos de civiles que han sido organizados y entrenados por el propio gobierno y por fuera de la estructura funcional del Estado, para la defensa de sus intereses políticos de permanencia en el poder; otros grupos que se identifican con la ideología de gobierno o como soportadores y que públicamente hacen exhibición y demostración de su equipamiento militar, también reciben apoyo directo o indirecto de funcionarios del gobierno. 

Otra circunstancia que ya referimos anteriormente, que brinda demostraciones fehacientes de que la acción de los cuerpos de seguridad en su supuesta guerra contra la delincuencia, no es la derivada de una voluntad y decisión de la Administración, al contrario, demostrativa precisamente de la dramática ausencia de esa expresión de voluntad y decisión de los responsables por el Estado. Ésta la constituye, la existencia de grupos policiales o para-policiales dedicados casi en expreso a la captura, secuestro y eliminación física de ciudadanos comunes tildados de delincuentes, malandros o azotes de barrio. Que estos ciudadanos asesinados registren o no antecedentes policiales o penales, no puede ser el argumento que se esgrima en descargo, puesto que, ninguna costumbre, norma o decisión legítima del Estado, puede otorgar ni otorga a nadie, tal poder para la aplicación de la pena de muerte; por cierto proscrita en el cuerpo de leyes. No menos de un acumulado que supera los cientos de asesinatos es el resultado de tal ausencia de control en el uso ilegítimo de la violencia letal por parte de funcionarios adscritos a organismos del Estado, o a entes para–estatales. Quedó expreso en el comentario realizado en el trabajo, lo que está en juego en estos crímenes en serie no es en lo absoluto el bien público, antes por el contrario, evidencias pueden ser afloradas por cualquiera sea la investigación criminal que se realice, que confirmarían en cualquiera sea la instancia, el hecho de que estos hechos criminales están circunscritos y estrechamente relacionados a los intereses de particulares de operadores estatales o no, sean esos intereses circunscritos a los propios criminales y ejecutores de las matanzas, sea, a quienes contratan sus “especializados” servicios.

A tal situación han de agregarse los derivados de una manifiesta voluntad del  Ejecutivo en función del apoyo a movimientos subversivos o indigenistas latinoamericanos en proceso de organización de alzamientos o rebeliones. En especial el caso de la subversión colombiana operando a su libre albedrío dentro del territorio venezolano y en la zona de la frontera occidental. Ya el asunto ha invadido buena parte de la zona fronteriza y en el estado Zulia y Táchira[14] se hacen evidentes la presencia no sólo de grupos armados colombianos, sino también de grupos de naturales venezolanos en proceso de organización e implementación de capacidades bélicas guerrilleras y en operaciones puntuales de cobro de vacunas, secuestro de ciudadanos, tráfico de armas, drogas, asesinatos y otros ilícitos. En paralelo con esta situación, al menos públicamente difundido y sin que haya sido suficientemente refutado por representantes del Estado, las unidades –civiles y militares– de la fuerza pública destacadas en la zona fronteriza, paulatinamente han sido reducidas en efectivos de combate, equipos y financiamiento; despojadas o debilitadas en sus capacidades bélicas.

[14] Ver a este tenor el ilustrativo trabajo en dos entregas de Roberto Giusti; El Universal 27 y 28 de abril de 2003, con anuncio en primera y texto en páginas 1–2: “... Informe confidencial 'presencia subversiva en el Norte de Santander'... Guerrilla Colombiana sí está en Venezuela...”. Se señalan en gráficas diez asentamientos de las FARC en el estado Zulia y tres en el estado Táchira; y cuatro del ELN en el estado Táchira.