Entonces

Estamos entonces en presencia de suficientes evidencias que demostrarían a cualquier observador neutral, que el Estado venezolano, por las causas que fueren alegadas –cobardía, incompetencia, co-autoría, complicidad o voluntad expresa de precisos funcionarios en ejercicio de gobierno y en precisas posiciones de poder–, por años ha venido siendo sostenida y paulatinamente despojado tanto del monopolio de la violencia como de la capacidad para hacer la guerra, hasta el punto que, grupos con capacidad autónoma para el ejercicio y la aplicación de violencia letal, soportados en la inacción del Estado y prevalidos de tal organización, equipamiento y capacidad bélica, controlan –o están en capacidad de hacerlo– parcelas del territorio venezolano, imponen su voluntad sobre la población residente o de tránsito en esas áreas y ejercen control sobre algunas actividades de producción, transporte y comercialización de bienes; además cobran impuestos –vacunas o protección–, legislan al imponer sus propias leyes donde determinan las conductas sujetas a penas y administran su propia justicia, dictan y ejecutan cualquier tipo de sentencia, entre ellas y muy en especial, la de muerte a ciudadanos no beligerantes. En otros términos, los más significativos y trascendentes atributos de la idea, del concepto y de la función clásica del Estado –monopolio de la violencia, legislación, administración de justicia y aplicación de penas–, en la Venezuela contemporánea están dispersos, desconcentrados y en manos de actores no estatales –de múltiples individualidades, grupos e intereses políticos, sociales, económicos, financieros y militares– sobre los cuales el Estado, además de no tener ni la información ni la capacidad técnica para disuadirlos, persuadirlos o neutralizarlos, tampoco tiene la voluntad política mucho menos el poder y la pertinente capacidad instalada tanto para desarmarlos[15] como para someterlos a su voluntad. Debilitado, el Estado acepta un poder compartido, y deberemos admitir en consecuencia lo ya que de ello se infiere: el Estado venezolano se encuentra en la grave circunstancia social, política, económica y militar, de tener que enfrentar en forma asimétrica, disminuido o en igualdad de condiciones,  discutir y contender con otros actores estatales o no, tanto su existencia como su soberanía. 

[15] Ante las múltiples muertes por armas de fuego al interior de los recintos carcelarios, con una población total menor a veinte mil procesados y condenados, son indicativas las declaraciones del Ministro de Interior y Justicia cuando acepta como normal que al interior de lugares aislados por perímetros controlados y confinados, y sometidos a estrictas medidas de vigilancia armada civil y militar, existan tanto armas blancas como de fuego, granadas militares y munición. Si el Estado no está en capacidad para desarmar a una población de reclusos inferior a veinte mil y confinados en cárceles: ¿puede estarlo para desarmar a una población que habita y transita en todo el territorio de la nación?