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Esa primera, grande y
trascendente decisión política tomada en el primer período de gobierno
electo después de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez, y que
significó una de las primeras expresiones de mayor impacto y
definitivamente contrarias a la idea, el concepto y la función del
Estado. Desde aquel momento y decisión, por las razones válidas o no que
pudieren ser alegadas, se dió el inicio a una continuidad que culminaría
con la anulación del concepto y la vigencia de la división de poderes en
el Estado venezolano. A partir de esa decisión el Ejecutivo arrancó el
proceso que lo llevaría a controlar las decisiones judiciales,
independiente de la instancia de la cual se tratare. Mediante maniobras y
negociaciones con representantes de las organizaciones políticas,
sociales, económicas, eclesiásticas y militares, y el silencio de la
sociedad, se lograron acuerdos que cercenaron por completo la autonomía
del Poder Judicial.
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