Venezuela y la praxis política de cien años

Enfrentados al fracaso
Rafael Rivero Muñoz
Comisario General

Caracas, 070603

Resulta indiscutible que el término de la filosofía marxista para referirse al conjunto de conocimientos o fenómenos de la producción sobre los que se basa la estructura social, viene en auxilio para ensayar una síntesis de lo expuesto en múltiples notas.

Una degeneración del concepto de Estado[1] donde por sobre y en detrimento del bien público –los intereses comunes pautados en el cuerpo de normas de la sociedad venezolana–, en nombre y la práctica del voluntarismo, se imponen los intereses particulares de las individualidades y grupos que operan al interior de la maquinaria de ese Estado, a lo cual se incorporan unas expresiones materiales del crimen y de la criminalidad que operan dentro de una dinámica económica de “ventajas comparativas”, y que activan y mantienen una estructura de producción de bienes y servicios ilícitos al estilo de la más eficiente gerencia empresarial en una estructura funcional integrada de Estado. Crimen y criminalidad, que se alimenta y retro-alimenta del hacer –y dejar de hacer– ilícito del funcionariado.

Indiscutiblemente conforma una praxis que bien poco y nada tiene que ver con la organización y funcionamiento de un Estado en el sentido estricto de la idea que es propia al vocablo. Un Estado que antes que representación y garantía del orden público –por la sostenida conducta de sus funcionarios– viene a constituirse definitivamente en el promotor, propiciador y soporte del desorden público y vulnera severamente la vida y el hacer del ciudadano común, el de a pié. Roto el contrato social, no existe posibilidad alguna para el administrado de convivir pacíficamente, su seguridad, la de su familia y bienes, pasa a ser un problema de dinámica binaria: plata o plomo.

Y la sociedad en su conjunto, en proceso de disolución, absolutamente inerme ante el crimen y la criminalidad cuya praxis en esta situación analizada, es la expresión de Estado[2].

¿Puede algún experto en política o cualquiera otra rama del saber afín, diferenciar en qué punto, dónde, cuándo es posible separar netamente el hacer y efecto del crimen y la criminalidad con el hacer y efecto de eso que eufemísticamente aceptamos se denomina corrupción?;

¿Cuándo las consuetudinarias matanzas de ciudadanos ejecutadas por funcionarios policiales, son el efecto de la acción de la “corrupción” y cuándo del crimen y la criminalidad?;

¿Viene o no a configurar la acción e inacción del Estado ante estos crímenes en masa, una política de Estado?;

¿Cuándo, de qué forma, en qué momento, bajo cuáles criterios y cómo diferenciar en estos cientos de asesinatos en serie, cuándo se trata de una política de Estado y cuándo lo es, también, del crimen y la criminalidad?;

¿Cuándo y cómo es posible hacer una diferencia neta entre los intereses privados de unos funcionarios del Estado y los de los otros, los operadores del crimen y la criminalidad?;

¿Estamos o no ante la presencia y la acción de un Estado renegado? 

Indiscutiblemente: “... La lucha contra la impunidad [resulta] entonces vital para el establecimiento [y la consolidación] de sociedades realmente democráticas... La verdad debe ser esclarecida y socializada como elemento que ayuda a crear memoria histórica y que revindique valores humanistas... los procesos judiciales tienen [entonces] una función de pedagogía política...”[3].

[1] De lo ético de lo cual habla Hegel.

[2] “... la sociedad humana existe como consecuencia de un orden que es impuesto por el Estado cuya formación tiene un fundamento evidentemente utilitario: el de poner fin a las luchas del hombre con el hombre y promover una coexistencia humana pacífica... institución fundamentalmente convencional, creada para imponer el orden y que puede ser disuelta no bien los individuos estimen que ya no presta la utilidad que ha motivado su creación;...”. Tomado de Juan Carlos Smith.

[3] Federico Andreu Guzmán. Discurso, Seminario Internacional: “Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos”, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996.