¿Terrorismo revolucionario...

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Rafael Rivero Muñoz
Comisario General


El Ejecutivo en Venezuela
Bufones del Terrorismo
Masacre Anunciada
Los Angeles De Chavez
Impunidad Garantizada
Rodolfo Schmidt
Cadena Global
Nacional 05/03/2003
Nacional 05/03/2003
universal 05/03/2003

O de oposición?

NI LO UNO NI LO OTRO...

Rafael Rivero Muñoz

Dos cargas explosivas del tipo detonante –rompedor– fueron colocadas y activadas en la ciudad de Caracas la madrugada del lunes veinticuatro de febrero del 2003, el primero de ellos explosiona sobre las dos horas y cero ocho minutos a las puertas de la Oficina Técnica de la representación de España en Venezuela ubicada en la calle Mohedano de la Castellana; el segundo artefacto estalla sobre las dos horas y treinta minutos frente a la sede del Consulado de Colombia ubicado en la calle Guaicaipuro en la urbanización El Bosque; entre una y otra explosión en términos de tiempo, aproximadamente veintidós minutos de diferencia; en términos de distancia, en línea recta, 1.931 metros, tomando en cuenta la ruta de tránsito vehicular más rápida que intercomunica ambos puntos, unos 2.818 metros; en términos del tiempo necesario para el desplazamiento motorizado entre uno y otro punto, por la hora, tipo de ruta y condiciones de la zona –ambas y su ruta de interconexión, sin tráfico, sin actividad alguna ni viandantes, que además carece de patrullaje policial de algún tipo–, no más de diez minutos. Panfletos de la Coordinadora Simón Bolívar y de las Milicias Urbanas que se atribuyen la acción son recolectados en La Castellana y El Rosal; uno de éstos reza: “... Gaviria, OEA, Carter, Shapiro, CIA. La revolución no necesita de su interesada intervención. El pueblo armado resolverá esta crisis, nuestros muertos fortalecen la revolución. La lucha continuará. Fuera...”[1]

Ya los medios de comunicación nos dejan conocer las apresuradas opiniones del sin número de escandalizados expertos y opinadores de oficio y de múltiples funcionarios que se pronuncian, unos señalando, por una parte a los Círculos Bolivarianos violentos, a la guerrilla colombiana, a los explosivitas entrenados por la ETA, la IRA, hasta Bin Laden y Al Quaeda salió en la danza; otros, voceros oficiales, haciendo largas y complejas vinculaciones entre estas explosiones y algunas acciones realizadas por concentraciones políticas en las legaciones diplomáticas de Cuba, Argelia y otras, tratan de apuntar la autoría hacia la oposición. Complejas o simples expresiones por una parte del afán protagónico de algunos “expertos” y por la otra de la angustia de unos y otros por no verse señalados y en definitiva nada que pueda ser tomado en serio a los efectos de una apreciación del asunto.  Cortinas de humo para desviar la atención de una dirección y apreciación más acertada.

Se empieza por el principio

Como hemos afirmado siempre, policía es información, y esa información es la que permite en cada caso criminal organizar un sin número de datos para concretar la forma de actuar de los delincuentes en cada modalidad delictiva, eso que se denomina modus operandi y que no es más que la forma en que los delincuentes, en cada modalidad delictiva, se agrupan, se organizan, planifican, concentran recursos y ejecutan sus tropelías. Es así que en cada acción delictiva que desde las primeras observaciones pueda notarse una cierta y necesaria concepción de objetivos y disponibilidades, de oportunidad, de organización, una planificación y una ejecución dentro de ciertas formas experimentadas del hacer criminal, llamarían la atención a un servicio de policía que se precie de tal. Dado ese primer paso para describir lo que la escena de los hechos nos revela en cuanto al ¿por qué, el cuándo, el dónde, para qué? y luego, en un primer enfoque, tratar de imaginar las complejidades de ese hacer, que será seguido de otro esfuerzo en el mismo sentido para determinar ¿quiénes?, ¿cuáles delincuentes están capacitados en la modalidad?, ¿tienen la oportunidad de ejecutarlo? Y, expresamente, tienen un motivo para ejecutar la acción objeto del análisis. 

En el caso que nos ocupa, explosivos, otras particularidades entre los casos conocidos y el objeto de investigación habrán de compararse, tales como el origen del explosivo, tipo, cantidad y modalidad de uso; detalles sobre los medios para obtenerlos, momento y lugar de colocación, tipo de espoleta o activador, tipo de daños, especialmente si hay o no víctimas humanas.

Identificados estos delincuentes, seguiríamos entonces con la lógica del asunto, la necesaria ubicación física de cada individualidad: ¿Dónde están esos delincuentes, presos o libres?; si están presos ¿con quiénes se han vinculado del mundo externo a la cárcel?; si están libres ¿qué hacen, cuáles sus actividades, quiénes son sus asociados o vinculados?; ¿con cuáles recursos cuentan?; ¿qué medios les permitirían la planificación y ejecución?; ¿con cuáles garantías de no actuación policial, Fiscal y de tribunales, antes, durante y después de ejecutada la acción, contarían?. Y comienza así el proceso de descarte dentro de las individualidades y grupos de la especialidad delictual. Un cuadro de doble entrada nos brindaría una gráfica para este descarte y, evidentemente, la acumulación de puntos a favor y puntos en contra de unos y otros, nos señalaría, por lo menos, antes de empezar a señalar a grupos o individualidades, sobre quiénes debería centrarse la atención en un orden lógico de prioridades.

Despeje de incógnitas

Modus operandi, identificación y ubicación de sospechosos, entorno social y de actividades delictivas de igual u otro género, apreciación de sus capacidades, establecimiento de la oportunidad para la ejecución y del motivo u objetivo perseguido con la acción, comienzan por brindar un cuadro de posibilidades que señalarían hacia determinadas individualidades que, ubicadas en actividades afines o reunidas en grupo o pandillas, afianzarían la apreciación. Si bien es cierto que estas comprobaciones no podría afirmarse con absoluta certeza constituyan la verdad de lo ocurrido, si nos aproximan a la compresión del asunto que, en todo caso y a todo evento, deberá ser objeto de la acción precisa del Ministerio Público, quien ante un juez, deberá plantear y gestionar los términos de la investigación criminal para complementar las probanzas que llevarían a la consideración de una “causa probable” y, si fuere el caso, a un juicio contra los señalados y, sea resulten eximidos por sus argumentos y pruebas en contrario o por falta de pruebas, sea que resulten responsables y condenado por el cúmulo de indicios probados en audiencia. 

Varios son y entre ellos dos los sujetos los que llaman la atención tanto por sus antecedentes, como por encontrarse, extrañamente, no sólo en libertad, sino por estar en la actualidad desempeñando cargos y actividades como funcionarios o asesores en el gobierno, uno en PDVSA y el otro del asambleísta Nicolás Maduro, a lo cual se unen las estrechas relaciones e intereses comunes con otros funcionarios de conducta bastante cuestionada. 

Historia reciente

En el año 1993 una particular secuencia de actos terroristas y que la prensa definió como Terrorismo Financiero, fueron ejecutados en Venezuela, entre éstos cabe destacar la explosión en horas de la madrugada de un artefacto colocado en un borde sólido de uno de los linderos de una estación de servicio (bomba) en Altamira, la explosión de un vehículo en el interior del sótano del estacionamiento del CCCT y el envío de múltiples “sobres bombas” a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia[2]. Como resultado de las investigaciones de aquella secuencia de actos criminales con la utilización de explosivos, resultarían implicados varios funcionarios y ex funcionarios de la DISIP, entre ellos, el jefe de explosivos, el jefe de la unidad especial Henry López Sisco y como actores principales, entre otros, Ramiro Helmeyer y Walter del Nogal[3]. Y se da el caso de que ambos sujetos se encuentran disfrutando de libertad a pesar de haber sido condenados, por aquellos hechos, a 30 y 20 años de prisión. Más aún, se encuentran activos y vinculados a varios funcionarios públicos del Estado y relacionados éstos a las actividades del manejo y control de divisas.

El motivo

¿Cuál fue el argumento que la prensa en aquella oportunidad señaló como motivo para los actos terroristas? La pretensión de disparar el valor de dólar lo que les permitiera a los interesados, actuando en el mercado negro, obtener ganancias extraordinarias. Otra casualidad; precisamente en estos momentos la economía, por decisión de gobierno, se encuentra transitando por una severa crisis impuesta por la congelación de todas las operaciones con divisas, mientras se preparan las decisiones y procedimientos para el control del mercado. Naturalmente esa decisión de gobierno produce una actividad económica y financiera que opera a un costado del control del Estado, el Mercado Negro. Ese mercado hasta ahora y a pesar de la dinámica, no ha logrado que el dólar supere la cifra de  dos mil doscientos bolívares por unidad dólar. Muchas opiniones en un principio señalaron que la moneda americana podría alcanzar hasta los cuatro mil bolívares por unidad; así que, en el juego de oferta y demanda de dólares, se ha mantenido bastante baja la cotización en contra de las estimaciones de los expertos. Mas eso no significa que ese valor sea estable, antes por el contrario, cualquier otra operación o manipulación en el mercado, podría disparar la cotización, que si bien no alcance ese valor esperado, si se acerca bastante. Es decir, para el momento de la explosión de las dos bombas en la Embajada de España y el Consulado de Colombia estaríamos en presencia de situaciones políticas, sociales, económicas y financiara, bastante parecidas a las que determinaron y sirvieron de motivo para las acciones terroristas del año 1993. 

Señalan las informaciones que el objetivo perseguido está centrado en lograr que el disparo del dólar en el mercado negro, no controlado por gobierno, pero si por algunos de sus funcionarios, alcance por lo menos a cifras cercanas a los cuatro mil bolívares por dólar

Acumulación de capacidades

Alex del Nogal se encuentra desempeñando un importante cargo en PDVSA, a esa empresa fue incorporado por su compañero de prisión y celda, y ahora jefe de PCP, Gustavo Pérez Isa, el hombre fuerte de Hugo Chávez en PDVSA, que logró reventar a Guaicaipuro Lameda y controlar a los siguientes presidentes de esa empresa, y el mismo sujeto que desde ese cargo y en su oficina el 11 de abril de 2002 telefoneara al concejal Richard Peñalver, quien en ese momento se encontraba sobre el Puente Llaguno disparando contra una multitud que marchaba hacia Miraflores y a gritos le ordenaba “... mátalos... mátalos... si necesitas más munición yo recojo la que tengo aquí y te la mando...”. Ramiro Helmeyer, asesor de seguridad del asambleísta Nicolás Maduro, miembro representante del gobierno en la Mesa de Negociaciones, el mismo que, según las informaciones de la prensa, ha estado vinculado a las negociaciones destinadas a la apertura y funcionamiento de casinos en varias ciudades del país y hasta ha viajado al exterior con su compañera, también asambleísta, Cilia Flores en gestiones en este sentido. Ambos sujetos, del Nogal y Helmeyer, vinculados a su “pana” Ramón Rodríguez Chacín, especializado enlace del gobierno con las FARC de Colombia, negociador de rehenes y pagador de rescates (caso Mely Carrero, Richard Boulton), entre cuyos antecedentes vale señalar que fue jefe de operaciones del Comando José Antonio Páez, ejecutor de la Masacre de La Colorada o Masacre de El Amparo (29 de octubre de 1988, 14 pescadores asesinados) y quien para el 11 de abril de 2002 durante la Masacre de Miraflores, desde su despacho como Ministro de Interior y Justicia, coordinaba acciones armadas; ahora ocupa una elevada posición de dirección en el partido de gobierno MVR. Se incorpora a la cofradía de asociados, Pedro Rodríguez, actual Jefe de la División de Inteligencia Financiera de la DISIP, a quien conoce Ramiro Helmeyer cuando en su compañía y la de Rodríguez Chacín practicaban karate en el gimnasio de Marcelo Planchar (El Ninja, aquel sujeto que ejecutó la operación de asalto a la casa de Rafael Poleo). No debe dejar de mencionarse a Henry López Sisco, jefe de la unidad especial de DISIP que operó en la Masacre de El Amparo, asesor en el caso del secuestro Richard Boulton y asociado a los actos del llamado Terrorismo Financiero, quien pagó, junto con otros funcionarios de la DISIP, cárcel por ese caso; otro de los señalados en aquella época, que no fue detenido ni siquiera interrogado puesto que salió del país, fue Thor Halvorsen, aquel hijo de un agente de inteligencia norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, que aprendió de éste algunas mañas, fue directivo de la CANTV y siempre se ha mantenido a la sombra de actividades relacionadas con “operaciones especiales” de los servicios de inteligencia nacionales e internacionales y relacionadas con drogas, lavado de dinero, intercepciones telefónicas y de otro género de comunicaciones, etc. Por cierto el hermano de Alex del Nogal, hace pocos años, era el jefe o formó parte de una gran banda dedicada a la clonación de celulares de CANTV.

Oportunidad

El gobierno decreta la suspensión de negociaciones en moneda americana, dispone una nueva oficina para encargarse de diseñar el sistema de control de divisas (CADIVI); pone en manos de un ignorante de la materia bancaria y financiera las responsabilidades de esa oficina; pasan lo días y no hay aún disposiciones claras sobre la materia, salvo las propias declaraciones de Hugo Chávez refiriendo que no habrá dólares para la oposición. Aún en este estado de cosas, la dinámica económica está en un estado de paralización, que la esperada escalada en el valor del dólar en el mercado negro no se presenta, se mantiene sobre los dos mil doscientos. El último discurso del Presidente atacando duramente a los gobiernos de España, Colombia y Estados Unidos, brinda la oportunidad, el momento preciso esperado. A las dos primera legaciones, resulta fácil preparar y ejecutar la operación que se complementaría con algunos panfletos que dirigen la visual hacia grupos afectos al gobierno, se cuenta con equipo humano, explosivos –al igual que en 1993–, capacidad y seguridad de no intervención policial para el momento de traslado de operadores y ejecución tanto con la colocación de los artefactos como con su activación o ignición –sea ésta mediante disparador manual de retardo, de tiempo con reloj, por mecha lenta, o a control remoto–; con la última legación, no sólo por su ubicación sino por su sistema de seguridad y capacidad de reacción, no es necesario asumir ese riesgo tan alto, basta con clonar un celular para pasar la amenaza o preparar notas y hacerlas llegar.

Cualquier acción en contra de las representaciones oficiales o naturales de esos países, será tomada como una reacción de los radicales derivada de las palabras del presidente; en otros términos, cualquiera sea la investigación que se adelante, significaría que potencialmente podría señalar algún género de responsabilidad de Miraflores; ergo, resultará a todas luces inconveniente, permitir se abra una verdadera investigación. Inacción de la policía, de la Fiscalía y tribunales, asegurada; es más, cualquiera sea el desempeño que se intente, teniendo control sobre las operaciones policiales en el área financiera por la jefatura de la División de Inteligencia unido a las estructuradas y  necesarias vinculaciones y cruce de información con la nueva oficina CADIVI permiten tanto conocer y controlar el mercado legal de divisas como otro tanto en el mercado ilegal. Dos objetivos se logran: a) posibilidad de desviar cualquiera sea la investigación que se intente y pudiere señalar hacia los implicados; b) permite el control del mercado de divisas en dos variantes: 1) se conoce quiénes serán los beneficiarios, cuándo, de qué forma y en cuáles montos, de dólares otorgados por CADIVI, dúctil campo de acción para el cobro de comisiones o supuestas operaciones policiales en busca de dólares ilegales; 2) permite el control del mercado negro para monopolizarlo por la vía de la neutralización y anulación de cualquiera sea la modalidad de competencia que se presente en el mercado; utilizando los medios de la División de Inteligencia Financiera y CADIVI, la información abierta, restringida o secreta, sea de gobierno, oposición o competencia, estará a la mano; los allanamientos, detenciones o liquidación física si fuere el caso, de cualquier operador en el mercado negro de divisas y miembro de la competencia en ese relancino mercado; así quien no pague comisión y pretenda operar sin pasar por “go”, podrá ser eliminada de forma expedita. 

Todo lo contrario

Resulta entonces, ante tales elementos que hemos concretado, imposible aceptar como válidas tanto las acusaciones del gobierno, como las de la oposición; en definitiva, las primera no tendrían asidero y sólo por la vía de la fabricación de evidencias y el escándalo público en los señalamientos, lograría llegar a algún punto en su desempeño; en cuanto a los segundos señalamientos, los de la oposición, la razón pareciera les asiste, pero tienen mal calibrado el instrumento óptico del cual se sirven puesto, si bien es cierto que son funcionarios del gobierno y sus asociados delincuentes quienes podrían estar en el origen y la ejecución de estos dos atentados con explosivos, también es cierto que pareciera, no son los intereses políticos del gobierno, sino los económicos y financieros de una pandilla de facinerosos integrada a un grupo de funcionarios tanto o más forajidos y peligrosos puesto que viendo ya acercarse el final del gobierno, tratan de arrasar con todo lo que puedan; Son funcionarios a quienes, por la razones que fueren alegadas, se les ha habilitado con un ilimitado poder de discreción. 

Jamás en toda la historia del crimen en Venezuela, y quizás en muchos países del mundo, la más famosa operadora del crimen, la Mafia, tuvo a su disposición tal capacidad para sus  operaciones ilegales; mucho menos tal control de los medios de acción del Estado, que le brindaran tal grado de impunidad. En decir, en materia de crimen y criminalidad, la Industria de la Ilegalidad en Venezuela ha superado los siglos de existencia y de experiencia de la Mafia, y eso ha sido sólo posible en Venezuela en la época de la Revolución Bonita como lo cita su gestor y comandante en jefe. El ayer y el hoy del crimen y la criminalidad en Venezuela se encuentran y unen habilidades y capacidades en función de sus particulares y privados intereses, y viene a resultar entonces que en el mundo de la política bizarra –como afirma otro famoso caudillo–, el terrorismo no es: “... ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario...”.

Caracas, 27 de febrero de 2003


[1] Gustavo Rodríguez. El Universal miércoles 26 de febrero 2003, pág. 1–2.

[2] “... Terroristas enviaron varios sobres–bomba a la Corte y uno de ellos hizo explosión en la Sala Plena... Hugo Betancourt, el joven archivista encargado de sacar las fotocopias en el primer piso, abrió un sobre con explosivos y éste estalló, por lo cual los médicos tuvieron que amputarle la mano...”. Alexis Rosas; El Nuevo País martes 20 de julio de 1993, pág. 26

[3] Ramiro Helmeyer condenado el 2-11-95 a cumplir 30 años como cooperador de José Hernández Villegas en el asesinato de Mario Patty y como cómplice en el caso de los carros bomba (1993); recibió el beneficio de pre-libertad el 7 de enero. Del Nogal Fue condenado a 20 años y 11 meses como cómplice de Helmeyer en el asesinato de Mario Patty; recibió el beneficio el 22 de diciembre. La Fiscalía requirió la revisión de los beneficios de pre-libertad que fueron otorgados a Ramiro Helmeyer y a Walter del Nogal, por el juez 15 de Ejecución, Alan Alvarado. La petición fue tramitada por la fiscal 81, Nelsi Millán, quien solicitó – sustentada en las investigaciones efectuadas por los fiscales Raúl Salomón y Alejandro Corser, designados para revisar los beneficios otorgados a ambos personajes; el Ministerio Público también pidió la actuación del inspector de tribunales, René Molina, para que indague la posible incursión en faltas disciplinarias del juez que otorgó la medida–, además, determinar si fue correctamente efectuado el cómputo que establece la ley para otorgar tal beneficio y en caso contrario exige la revocatoria inmediata de la decisión al tribunal de ejecución.

 

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