“ Solidaridades automáticas”

la sumatoria de Negligencia, incompetencia y complicidad

Rafael Rivero Muñoz
Comisario General

Caracas, 070903

Si un símil ha existido y existe entre los distintos períodos de gobiernos que se han sucedido unos a otros a todo lo largo de nuestra historia –con una muy breve interrupción, al menos en el aspecto conceptual,  entre la muerte de Juan Vicente Gómez y la Revolución de Octubre de 1945, luego retomada y realimentada a todo lo largo de estos casi sesenta años en la vida política venezolana–, es en el ámbito de la idea, del concepto y de la función de los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía; tema amplia y suficientemente tratado en múltiples notas anteriores. Cambian los gobiernos, cambian algunas leyes, reglamentos, sustituyen jefes y personal, pero todo sigue igual –o peor–: la policía, actuando a imagen y semejanza de “La Sagrada”[i] y en función de intereses muy particulares. Definitivamente, en algunos casos, como un ejército de ocupación dedicado casi en exclusivo a la depredación. Esto, mientras la pasividad de los afectados, la ciudadanía, lo admite y lo tolera con su silencio.

Una vez... y nada más

Pésele a quien le pese, sólo un único gobierno de toda esta historia, pretendió alguna vez introducir modificaciones en esa reiterada concepción y conducta política del Estado en materia de orden público, frente y en función de los gobernado. Durante el período de sucesión de Juan Vicente Gómez, cuando Eleazar López Contreras dictó y puso en vigencia el decreto de creación de la Escuela de Formación de Agentes de Seguridad Pública y luego el 4 de agosto de 1937 cuando por ley de la República se crea el Servicio Nacional de Seguridad, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores. Con todo eso acabó la Revolución de Octubre, la fundadora de la Seguridad Nacional. Un amago de retorno a la legalidad del ejercicio del poder público en esa materia con el Gobierno de Ancha Base en 1959 –muy corto por cierto–, y de nuevo hasta nuestros días, los intereses particulares retomaron sus privilegios y fueros. Algunas veces en nombre de la democracia, otras en nombre de la revolución, en todas, el mismo cuento, el mismo efecto y el mismo resultado.

¿Existe alguna substancial diferencia entre uno...

Comparemos, por sus resultados en la materia que nos ocupa, dos gobiernos regionales, el uno dicho afecto al régimen central y el otro, desafecto, cuando no opositor. Portuguesa y Carabobo.

En uno, la actividad, desempeño y resultados de la acción de “Grupos de Exterminio” cuya “hoja de servicios” a la revolución, registra en la cuenta el arresto, detención o secuestro y posterior asesinato de no menos de 127 ciudadanos por parte de funcionarios policiales o para–policiales adscritos directa o indirectamente a la gobernación del estado. El mismo gobernador, el mismo secretario de gobierno, el mismo comandante de la policía de 1999, fecha en que se inicia la cuenta de asesinatos, hasta la hoy. Allí, en el estado Portuguesa, no ha pasado absolutamente nada en el ámbito de la administración regional, nada en el ámbito de la jurisdicción. Pareciera que los seres humanos muertos –marginales o pobres según la terminología revolucionaria–, para esa revolución que proclama y apoya la gobernadora, son piezas de desecho, estiércol pestilente al cual basta cubrirlo con tres metros de tierra y seguir dando continuidad al “proceso”.

... y en el otro extremo?

El viernes 5 de septiembre una supuesta comisión de “inteligencia” se hizo presente en el Barrio Bolivariano de Vigirima en el Municipio Guacara, según la síntesis de la reseña del diario local Notitarde: “... varios efectivos de Inteligencia de la Policía de Carabobo llegaron en dos vehículos a la licorería ‘El Panal’, ubicada a la entrada del barrio... sin identificarse, agredieron verbalmente al dueño del local... a quien encañonaron para que abriera las puertas de su negocio sin ninguna explicación.. la víctima al ver la acción de los extraños, pensó que se trataba de unos delincuentes del sector, por lo que se negó a abrir y fue atacado a tiros por los policías... aún herido se internó en su casa a pedir ayuda, pero los funcionarios entraron disparando contra él y contra el joven Danny Zacarías, quien también optó por defenderse con una escopeta... llegó una ambulancia... los funcionarios presentes ignoraron la petición de varios vecinos para trasladar a Danny Zacarías en la unidad, dejándolo morir en el lugar... los policías robaron mercancía de la licorería, ya que se fueron del lugar con licores, cajas de cigarrillos, dinero en efectivo y hasta un arma de fuego que tenía el comerciante... cada fin de semana los policías salen a buscar real, agarran a los muchachos y si no tienen 5 o 10 mil bolívares los golpean salvajemente...”.

Hurguemos en busca del detalle 

Carabobo figura en los registros de asesinatos y otros delitos, como uno de los estados con mayor incidencia delictiva en el país; tiene en su haber en el mismo lapso estudiado por lo menos diez casos de ciudadanos arrestados, detenidos o secuestrados, que luego aparecen asesinado en situaciones que semejan a las comentadas para el estado Portuguesa. Tampoco tenemos información que nos reseñe las decisiones del gobierno regional en cuanto a la atención de esta modalidad ilícita de actuación de los cuerpos de seguridad, pero si observamos ya, en el caso que comentamos ahora, la presencia de los primeros indicios de la nefasta conducta que se materializa en las “solidaridades automáticas”:

“... el Cicpc no colectó las armas involucradas en la balacera en la que murieron los Zacarías, sino que lo hizo la Policía de Carabobo el viernes a media noche... Comisiones de las sub delegaciones Mariara y Carabobo acudieron al lugar de la balacera junto a la fiscal Adelaida Jiménez, para efectuar diversas diligencias técnicas de interés criminalístico, entre ellas la Planimetría y el Análisis de Balística, a través de los cuales se determinará de donde provinieron los disparos que cegaron la vida de Rafael Celestino Zacarías y su hijo adolescente Danny Zacarías... algunas personas ‘reconstruyeron los hechos’ y hablaron acerca de la participación en el tiroteo de una peligrosa banda delictiva que azota la zona, conocida como ‘La Banda de El Culebrito’... habrían sido ellos y no los fallecidos quienes hirieron a los tres funcionarios, ‘ya que el comerciante no fue quien les disparó’, de acuerdo a lo explicado por estas personas, que por temor no se identificaron... El comisario Hugo Díaz Torrealba indicó que el Cicpc abrirá una investigación paralela a la de las muertes, con el fin de determinar responsabilidades en la quema de la furgoneta del Cicpc ocurrida en el lugar del suceso...”.

Ya se comenzó por construir el falaz argumento del encuentro armado con supuestos delincuentes conocidos, para construir sobre ello ulteriores manipulaciones de la escena, de las evidencias y testimonios, y las justificaciones oficiales que cubran el hacer de los “sagrados” y oculten la verdad de lo ocurrido.

Y que detalles...

Viernes en la noche, inicio de la diversión de fin de semana –la playa, los palos, el dominó, el cine, la parrilla entre amigos; la farra pues– para lo cual el salario que se devenga, si es que lo pagan a tiempo y completo, en las condiciones actuales no brinda tales posibilidades; algo extra ha de hacerse para obtener los recursos. Evidentemente, la pandilla, una placa y un revólver, facilitan para algunos “delincuentes con placa” el asunto, si este fuere el caso.

Salvo que un jefe policial y superior jerárquico de los funcionarios directamente involucrados en la balacera y su consecuencial derivado en muertes y heridos, asuma por completo ante la autoridad administrativa y el tribunal de la causa, la responsabilidad de haber expresamente emitido la orden de operación y la certifique documentalmente y de acuerdo a los procedimientos preestablecidos –si es que existen– avale oficialmente tal incidencia, pareciera que no estamos en presencia de una operación policial, puesto que:

a)      inteligencia, eufemismo por información, no se realiza en esos términos;

b)      el funcionario de policía no es autoridad de policía, es sólo un operador en línea de un órgano de ejecución material de las medidas y operaciones de policía;

c)      ningún ciudadano, en ninguna circunstancia, está obligado por norma alguna a obedecer y someterse a los designios de un supuesto funcionario policial, si antes éste no se identifica plenamente y le impone, previo a cualquier desempeño ulterior, de qué se trata la operación, sea mostrando la orden escrita de la autoridad jurisdiccional, si fuere el caso, sea mostrando la correspondiente emanada de la autoridad civil competente;

d)      salvo un caso de flagrancia, el funcionario policial carece de autoridad alguna para imponer su voluntad sobre un ciudadano, menos si éste se encuentra al interior de un espacio privado de su propiedad o bajo su responsabilidad, menos aún dentro de su casa de habitación;

e)      si la operación policial a realizar por orden superior conlleva la posibilidad del uso de la fuerza para atender una cualquiera potencial situación, ha de evitarse cualquier confusión, a cuyos efectos, como mínimo se deberá hacer uso de vehículos oficiales perfectamente identificados y el personal deberá estar uniformado o al menos dotados de alguna vestimenta o señalamiento que, sin lugar a dudas, indique al ciudadano afectado, a cualquiera que se encuentre en el área y a los efectos de otras autoridades que pudieren acudir en el momento de la operación, que se trata de una diligencia policial; esto no excluye ni anula la obligación del funcionario de identificarse a cabalidad ante el ciudadano interpelado u objeto de la operación.

Al menos, se desprende de la información recopilada, ninguno de estos extremos se cumplió en el caso. Por tanto, independiente de las circunstancias que en su descargo pudieren alegar los funcionarios involucrados en la balacera, de aquellos quienes ordenaron o no y supervisaron o no la operación, si ese fuere el caso, ninguno de ellos está exento de responsabilidades administrativas, penales y civiles, derivadas de los actos –o de la ausencia de éstos– que dieron como resultado la muerte de dos ciudadanos y las heridas de otros cuatro.

Mise en escène

Resulta indiscutibles que esta supuesta operación podrá ser denominada de la forma que a bien quieran los interesados, pero desde el punto de vista administrativo, jurídico y técnico operacional, no podrá ser llamada jamás una operación policial. A menos que, para recrearlo y sustentarlo, toda la cadena de mando viole la ley y opere en toda su extensión esa ya citada “solidaridad automática”. Y si opera, tal como pareciera en sus iniciales estadios ser la situación, ésta lo hará en función exclusiva de salvarle el puesto a los responsables administrativo operacionales del órgano policial y administrativo político que resulten involucrados en el asunto.

La diferencia

Un órgano administrativo político que, de hacerse realidad una verdadera investigación administrativa y penal, la búsqueda de la verdad ascenderá y se extenderá en señalamiento de responsabilidades, desde cada uno de los funcionario directamente involucrados en la balacera, pasando por aquellos quienes acudieron en su apoyo, quienes luego lo hicieron en su auxilio y prestaron asistencia médica discriminatoria –a unos heridos, lo policías si y a otros, las verdaderas víctimas, no–; alcanzará a los jefes de línea de guardia en el cuartel la noche de autos; a los jefes de unidades de operación, en cuanto a las órdenes y manuales de operación; al estado mayor y jefe máximo de la unidad policial directamente involucrada; al secretario de gobierno –responsable de estos asuntos en el ámbito regional–, y hasta alcanzar el máximo nivel político de la entidad: al propio gobernador del estado.

Si aceptamos como válido y vigente el principio según el cual la voluntad de la Administración se expresa por órgano de la jerarquía, cabe la pregunta: ¿Cuál en este caso, es o será la voluntad administrativa manifiesta y documentada del gobernador del estado Carabobo? En sus manos, según ese principio y la norma vigente, reposa la indelegable responsabilidad por el mantenimiento y la restitución del orden público en el área geográfica sujeta a su administración, a cuyos efectos, bajo su mando y responsabilidad, además del resto de las unidades administrativas locales, están los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía. De no ser expresa y documentada esta voluntad de la Administración local, como al parecer ha venido sucediendo en casos anteriores muy similares –en esta y otras entidades administrativas regionales–, en forma indefectible deberíamos entonces avanzar hacia la exigencia de responsabilidades a niveles más alto que el propio a los comandos policiales si, como ya han sido analizados en otros supuesto en notas anteriores, esta muerte a tiros de dos ciudadanos, formare parte de algún programa de gobierno, local o nacional, dispuesto o tolerado, y cuyos efectos impliquen ataques armados sistemáticos contra la población civil. Eso, está por verse.

¿Y lo veremos?

Esperemos que el Ministerio Público local con el apoyo y soporte de la Fiscalía General de la  República, alguna vez ejecute un trabajo realmente profesional, que los jueces decidan dentro del marco de sus atribuciones y que el gobierno regional no caiga en la trampa y avale con su acción u omisión, los desafueros a los que estamos ya acostumbrados puesto que, pareciera que ante lo que estamos en presencia no es un simple exceso policial, un enfrentamiento o una resistencia a la autoridad, ante lo que estamos netamente en presencia, es ante un ilícito ataque letal contra un ciudadano y su familia, y la ulterior sumatoria de la material expresión de la negligencia de unos, la incompetencia de otros en su mínima expresión o, en su más elaborado giro, la complicidad que se comienza y se construye sobre la perniciosa “solidaridad automática”.