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Rafael Rivero Muñoz
Comisario General


Términos de la situación de seguridad en Venezuela

Rafael Rivero Muñoz
Comisario General
Caracas 030603

Sus particulares

Tomando como ciertas la información del acuerdo político entre gobierno y grupos alzados en armas en Colombia y las que se refieren a la existencia de los grupos armados para–estatales de apoyo al gobierno, desde tres supuestos debe observarse uno y otro asunto:

a)       Estamos en presencia del mismo esquema de acción política ya experimentado por años  ante la debilidad de la estructura estatal para atender con eficacia las labores de seguridad interna y cuyos más gráficos ejemplos hemos citado: i) en el ámbito político, por una parte admitir una supuesta rendición y pacificación de subersivos sin por tanto haber exigido y materializado la entrega de armas y suministros bélicos; por la otra, el caso de los cubanos anticastristas importados para labores de seguridad y protección de personalidades de gobierno en el período de Rómulo Betancourt; luego en el primer período de Rafael Caldera, cuando se negocia con los cubanos anticastristas un acuerdo de no agresión a los intereses venezolanos dentro y fuera de sus fronteras a cambio de beneficios políticos y económicos para individualidades y grupos representativos de esos intereses anticastristas; ii) en el ámbito militar, la manifiesta ausencia de una consistente reacción pertinente –contención, contra–ataque, aniquilación, represión, persecución, captura, juicio y condena de los responsables– ante actos de guerra y exterminio al interior de las fronteras y dirigidos contra instalaciones, puestos y comisiones militares, masacradas, mancilladas y despojadas impunemente de sus equipos bélicos; iii) en el ámbito del delito y de la seguridad pública interna, la ausencia de articulación de esquemas contra las acciones delictivas derivado ello del reconocimiento de una carencia de voluntad política destinada a implementar una capacidad técnica para disuadir, contener, prevenir, perseguir y condenar a los representantes del crimen internacional y las otras expresiones de delito organizado como lo son la industria de la droga, el tráfico de armas, los ataques contra el erario público, las grandes estafas financieras y los asaltos a entidades bancarias y de transporte de valores, piratería de carreteras, a la cual hoy se une la floreciente industria del secuestro. Todas ellas, fuente ilícita para la captación por medios violentos de importantes beneficios por fuera y ajenos a la lícita actividad económica normada al interior del Estado.

b)       Por el contrario y en el caso actual, de acuerdos políticos y estratégicos esta vez, en primer lugar, en lo global, con Estados renegados cercanos a los movimientos y organizaciones fundamentalistas islámicas; en segundo en lo regional, con la Cuba de Fidel Castro y la revolución continental, tercero, lo subregional, con los grupos alzados en armas en contra del Estado formal, tanto en Colombia la más visible y publicitada, como con otras variadas expresiones de la subversión –entre ellos, movimientos indigenistas– en otros países latinoamericanos; y cuarto, en lo local, con los residuos que quedan en Venezuela de una desactualizada izquierda radical que ya había sido derrotada en lo político y militar a finales de los sesenta, pero que aún mantienen vivos los mismos criterios que los llevaron a la derrota; se incorporan a estos grupos para–estatales, unos llamados Círculos Bolivarianos, brazo armado del MVR.  Tienen unos y otros en su poder, tanto los equipos bélicos que no les fueron requisados en los actos de rendición de finales de los sesenta, a los cuales han incorporado armas, munición, granadas y explosivos  de múltiples fuentes: los importantes lotes extraviados en las intentonas golpistas del año 1992, los lotes ingresados al país vía importación oficial y luego extraviados, los otros de contrabando, más los lotes robados en aduanas, cuarteles militares y policiales. Responde todo ello, supuestamente, a esquema de acción estratégica continental con derivados globales, mediante el cual se busca y obtiene apoyo internacional para legitimar en lo interno una toma del poder absoluto mediante un supuesto y manipulado proceso revolucionario, y una vez logrado a cabalidad con la liquidación y el aplastamiento de toda forma de disidencia y resistencia interna, avanzar en un programa de mediano y largo plazo donde se sentarán y consolidarán las bases políticas, territoriales y financieras para la creación,  organización y puesta a punto de capacidades bélicas futuras. La idílica pretensión de organizar, encuadrar, entrenar, equipar y habilitar para la guerra, unas milicias continentales destinadas a enfrentar sobre territorio latinoamericano, en principio, al poder hegemónico hemisférico.

c)       Se trata de una combinación de ambos supuestos; partiendo de la reconocida ausencia tanto de la voluntad como de experticia y experiencia política para superar la debilidad de la maquinaria del Estado para poder enfrentar cualquiera sea la expresión de una resistencia armada que se manifieste, y atender sus deberes y obligaciones internas, se pretende ganar tiempo para la consolidación de un poder hegemónico, por lo que se opta por ofertar y requerir apoyos a gobiernos renegados y, sobre sus supuestos, derivados, posponer el riesgo de enfrentamientos armados al negociar acuerdos políticos con los más representativos grupos alzados en armas y operando dentro y fuera de la frontera del país. Un acuerdo político–militar a mediano y largo plazo. Por una parte, se les garantiza tanto a los grupos colombianos alzados en armas como a los grupos de civiles con supuesta capacidad de fuego para representar peligro, la inacción del Estado de este lado de la frontera y el apoyo logístico clandestino tanto para las actividades bélicas como para las económicas, lo que permite, en el caso colombiano, mantener una garantizada seguridad en uno de sus flancos mientras combaten a las fuerzas que se le oponen en el otro flanco; en el caso venezolano, libertad de movimiento y acción tanto para consolidar posiciones de fuerza como capacidades para auto–financiar sus movimientos al interior del territorio. Todo esto, a cambio, entre otros y en el caso de los grupos colombianos, de reducir a mínimos tolerables las acciones bélicas de los grupos en el interior de las fronteras y contra bienes del Estado e intereses del gobierno; en el caso de los grupos civiles armados, a cambio de apoyo y combate a toda expresión de disidencia y resistencia, se asegura soporte logístico y financiero del gobierno. Un segundo estadio del acuerdo a futuro, complementar los acuerdos con decisiones políticas de mayor alcance y envergadura política y estratégica, una vez que haya sido dominada la disidencia interna y tomado el control absoluto del poder, en cuyo caso y en su momento, se negociarán los términos de desempeños subsiguientes, en la línea de la creación del Ejército Revolucionario Continental.

 

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