Términos de la situación de seguridad en Venezuela
Rafael Rivero Muñoz
Comisario General
Caracas 030603
Sus particulares
Tomando como ciertas la
información del acuerdo político entre gobierno y grupos alzados en
armas en Colombia y las que se refieren a la existencia de los grupos
armados para–estatales de apoyo al gobierno, desde tres supuestos debe
observarse uno y otro asunto:
a)
Estamos en presencia del mismo esquema de acción política ya
experimentado por años ante la debilidad de la estructura estatal
para atender con eficacia las labores de seguridad interna y cuyos más gráficos
ejemplos hemos citado: i) en el ámbito político, por una parte admitir
una supuesta rendición y pacificación de subersivos sin por tanto haber
exigido y materializado la entrega de armas y suministros bélicos; por la
otra, el caso de los cubanos anticastristas importados para labores de
seguridad y protección de personalidades de gobierno en el período de Rómulo
Betancourt; luego en el primer período de Rafael Caldera, cuando se
negocia con los cubanos anticastristas un acuerdo de no agresión a los
intereses venezolanos dentro y fuera de sus fronteras a cambio de
beneficios políticos y económicos para individualidades y grupos
representativos de esos intereses anticastristas; ii) en el ámbito
militar, la manifiesta ausencia de una consistente reacción pertinente
–contención, contra–ataque, aniquilación, represión, persecución,
captura, juicio y condena de los responsables– ante actos de guerra y
exterminio al interior de las fronteras y dirigidos contra instalaciones,
puestos y comisiones militares, masacradas, mancilladas y despojadas
impunemente de sus equipos bélicos; iii) en el ámbito del delito y de la
seguridad pública interna, la ausencia de articulación de esquemas
contra las acciones delictivas derivado ello del reconocimiento de una
carencia de voluntad política destinada a implementar una capacidad técnica
para disuadir, contener, prevenir, perseguir y condenar a los
representantes del crimen internacional y las otras expresiones de delito
organizado como lo son la industria de la droga, el tráfico de armas, los
ataques contra el erario público, las grandes estafas financieras y los
asaltos a entidades bancarias y de transporte de valores, piratería de
carreteras, a la cual hoy se une la floreciente industria del secuestro.
Todas ellas, fuente ilícita para la captación por medios violentos de
importantes beneficios por fuera y ajenos a la lícita actividad económica
normada al interior del Estado.
b)
Por el contrario y en el caso actual, de acuerdos políticos y estratégicos
esta vez, en primer lugar, en lo global, con Estados renegados cercanos a
los movimientos y organizaciones fundamentalistas islámicas; en segundo
en lo regional, con la Cuba de Fidel Castro y la revolución continental,
tercero, lo subregional, con los grupos alzados en armas en contra del
Estado formal, tanto en Colombia la más visible y publicitada, como con
otras variadas expresiones de la subversión –entre ellos, movimientos
indigenistas– en otros países latinoamericanos; y cuarto, en lo local,
con los residuos que quedan en Venezuela de una desactualizada izquierda
radical que ya había sido derrotada en lo político y militar a finales
de los sesenta, pero que aún mantienen vivos los mismos criterios que los
llevaron a la derrota; se incorporan a estos grupos para–estatales, unos
llamados Círculos Bolivarianos, brazo armado del MVR. Tienen unos y
otros en su poder, tanto los equipos bélicos que no les fueron requisados
en los actos de rendición de finales de los sesenta, a los cuales han
incorporado armas, munición, granadas y explosivos de múltiples
fuentes: los importantes lotes extraviados en las intentonas golpistas del
año 1992, los lotes ingresados al país vía importación oficial y luego
extraviados, los otros de contrabando, más los lotes robados en aduanas,
cuarteles militares y policiales. Responde todo ello, supuestamente, a
esquema de acción estratégica continental con derivados globales,
mediante el cual se busca y obtiene apoyo internacional para legitimar en
lo interno una toma del poder absoluto mediante un supuesto y manipulado
proceso revolucionario, y una vez logrado a cabalidad con la liquidación
y el aplastamiento de toda forma de disidencia y resistencia interna,
avanzar en un programa de mediano y largo plazo donde se sentarán y
consolidarán las bases políticas, territoriales y financieras para la
creación, organización y puesta a punto de capacidades bélicas
futuras. La idílica pretensión de organizar, encuadrar, entrenar,
equipar y habilitar para la guerra, unas milicias continentales destinadas
a enfrentar sobre territorio latinoamericano, en principio, al poder hegemónico
hemisférico.
c)
Se trata de una combinación de ambos supuestos; partiendo de la
reconocida ausencia tanto de la voluntad como de experticia y experiencia
política para superar la debilidad de la maquinaria del Estado para poder
enfrentar cualquiera sea la expresión de una resistencia armada que se
manifieste, y atender sus deberes y obligaciones internas, se pretende
ganar tiempo para la consolidación de un poder hegemónico, por lo que se
opta por ofertar y requerir apoyos a gobiernos renegados y, sobre sus
supuestos, derivados, posponer el riesgo de enfrentamientos armados al
negociar acuerdos políticos con los más representativos grupos alzados
en armas y operando dentro y fuera de la frontera del país. Un acuerdo
político–militar a mediano y largo plazo. Por una parte, se les
garantiza tanto a los grupos colombianos alzados en armas como a los
grupos de civiles con supuesta capacidad de fuego para representar
peligro, la inacción del Estado de este lado de la frontera y el apoyo
logístico clandestino tanto para las actividades bélicas como para las
económicas, lo que permite, en el caso colombiano, mantener una
garantizada seguridad en uno de sus flancos mientras combaten a las
fuerzas que se le oponen en el otro flanco; en el caso venezolano,
libertad de movimiento y acción tanto para consolidar posiciones de
fuerza como capacidades para auto–financiar sus movimientos al interior
del territorio. Todo esto, a cambio, entre otros y en el caso de los
grupos colombianos, de reducir a mínimos tolerables las acciones bélicas
de los grupos en el interior de las fronteras y contra bienes del Estado e
intereses del gobierno; en el caso de los grupos civiles armados, a cambio
de apoyo y combate a toda expresión de disidencia y resistencia, se
asegura soporte logístico y financiero del gobierno. Un segundo estadio
del acuerdo a futuro, complementar los acuerdos con decisiones políticas
de mayor alcance y envergadura política y estratégica, una vez que haya
sido dominada la disidencia interna y tomado el control absoluto del
poder, en cuyo caso y en su momento, se negociarán los términos de
desempeños subsiguientes, en la línea de la creación del Ejército
Revolucionario Continental.
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