Hechos que lo concretan

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Rafael Rivero Muñoz
Comisario General


Términos de la situación de seguridad en Venezuela

Rafael Rivero Muñoz
Comisario General
Caracas 030603

Hechos que lo concretan

Suficiente información, trabajos periodísticos, entrevistas, declaraciones, fotos y videos han sido difundidas por los medios de comunicación respecto a dos temas: a) la existencia de acuerdos políticos entre el gobierno de turno y los grupos alzados en armas en el vecino territorio de Colombia; b) la creación, encuadramiento, financiamiento y uso con fines políticos, de grupos de civiles armados y equipados para la guerra[1]. Poca o ninguna ha sido la capacidad del gobierno para desmetir tales afirmaciones; en definitiva, ha quedado sembrada para propios y extraños, la certeza de tales informaciones, sin que oficialmente hayan sido con pertinencia desmentidas y con pruebas refutadas; antes por el contrario, otras informaciones difundidas por las mismas fuentes confirman la presencia y la acción continuada tanto de representantes de los grupos colombianos alzados en arma en Venezuela, como de aquellos grupos civiles armados operando a su libre arbítrio en las calles de las ciudades, principalmente Caracas[2]; múltiples han sido y siguen siendo las reseñas públicas sobre las actividades ilícitas que ejecutan tanto en el ámbito supuestamente político de agresivo soporte al poder de turno, como en la ámplia gama de actividades delictivas, entre otras, tráfico de drogas y armas, robos, asaltos armados, contrabando, secuestros, cobro de vacunas, cobro de protección, captación y encuadramiento de afectos y entrenamiento de grupos armados. 


[1] Algunos grupos se identifican públicamente haciendo gala de sus armas de guerra en su área geográfica de asentamiento y de acción: Tupamaros, Carapaicas, Esperanza Viva, Matachines y otros.
[2] Toda manifestación colectiva ciudadana en las calles de las ciudades, es amenazada y está expuesta a las emboscadas y ataques letales directos con armas de guerra y explosivos por parte de estos grupos supuestamente afectos al gobierno, con el derivado saldo de muertos y heridos. Una de las primeras y más publicitadas acciones, fue la Masacre de Miraflores del 11 de abril del 2002, y a partir de esa fecha en adelante, toda convocatoria a manifestación pública por parte de la disidencia u oposición al régimen, lleva directamente aparejada otra convocatoria por parte del gobierno y sus afectos para impedirla y reprimirla a sangre y fuego para lo cual cuentan con el apoyo de unidades militares y policiales. Sobre la más reciente acción para el momento de redactar esta nota, ver Gustavo Rodríguez, El Universal sábado 31 de mayo de 2003, página 2–28: “... En El Catiazo pistoleros impusieron su ley... Irregulares colocaron siete alcabalas en el oeste...”
 

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