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Sin ciudadanos, no existe el Estado, menos aún
puede existir, la democracia
Rafael Rivero Muñoz
Comisario General
Caracas, 080104
“...
El rendimiento económico y político que procura la inseguridad
ciudadana, se corresponde –con una cierta simetría– con la
incapacidad manifiesta de las políticas públicas de seguridad.
Centradas como están –estas estrategias esencialmente
reactivas– más en el mantenimiento del orden que en la reducción
de la inseguridad, se ven fatalmente precipitadas hacia el castigo
y la venganza en detrimento de la prevención, la mediación y la
reparación de la solidaridad quebrada...”[1]
Sostengo sin empache, que
la evolución social de nuestra comunidad, hoy, en este período
que esperamos sea la última expresión del acumulado de más de
tres décadas de desaciertos políticos, tiene severas
consecuencias. Los habitantes de Venezuela, por nuestro propio
hacer y dejar de hacer, nos convertimos en simples moradores de
un territorio; por tanto, hablar de Estado y de democracia, no
deja de ser una ilusión temeraria; nos engañamos y persistimos
en engañarnos a nosotros mismos. No existe Estado ni existe
democracia, donde no existe el ciudadano.
Muchos son los temas de
reflexión obligados dado el nivel de amenazas, incertidumbre
política, social y económica impuesto sobre quienes aún
pretendemos vivir como seres humanos y moramos en lo que queda
de la Capitanía General de Venezuela –un poco más de 912 mil
kilómetros cuadrados y algo más de 25 millones de seres–.
Puesto que no somos ni pretendemos ser doctos en rama alguna del
saber humano, y únicamente nos apoya la voluntad de hacer unida
a una cierta experiencia práctica en el área de seguridad pública,
esa es el área seleccionada para sustentar lo pautado como
introducción. Auxiliándonos en criterios académicos y políticos
de reciente data, abordemos el tema.
Seguridad Pública
Tradicionalmente seguridad
pública significa garantizar el orden público, tareas
generalmente a cargo de organismos especializados del Estado,
entre otros, policías y tribunales. Bajo el amparo de la
obsoleta y ya bien superada Doctrina de Seguridad Nacional,
propia a la era bipolar, se construyó y funciona aún toda una
estructura de seguridad cuyo principal objeto, definido por la
misma doctrina, era la seguridad del Estado, esto, frente a
enemigos externos e internos. Derivado inapelable de ello, se
impone la lógica militar del tipo “guerra a”, puesto que la
noción de guerra “... en términos de la seguridad interna
supone la existencia de un enemigo interno lo que en no pocos países
significa pérdida de garantías ciudadanas, con el consiguiente
impacto en la seguridad pública...”[2]. Bajo esa doctrina en
consecuencia “... el sujeto amenazado no es el habitante (o el
ciudadano), ocasionando que su derecho a desenvolverse
diariamente libre de amenazas a su vida como a su integridad física,
psíquica, cultural, moral, lo mismo que a sus bienes, se
[relega] a un segundo plano. La seguridad ciudadana como derecho
humano [está] devaluada. Todo [depende] del grueso y urgencia
de las demandas de seguridad de [lo que el gobierno de turno,
denomina] la Patria. Los valores la libertad, la justicia, la
participación, la equidad, los proyectos de desarrollo, la
sindicación, y los partidos políticos, entre otras, [pasan]
por la lupa de la seguridad nacional...”[3].
Seguridad ciudadana.
En términos académicos,
es “... la facultad que tiene toda persona, natural o jurídica,
a desenvolverse cotidianamente libre de amenazas a su vida,
libertad integral física, física y cultural, lo mismo que al
goce de sus bienes. Es un derecho humano, consignado en
constituciones, leyes, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas y en el caso de América
Latina en la Declaración de la OEA en Montrouis... La seguridad
ciudadana –como hechos y concepto– no ha existido siempre.
Es en estas últimas décadas que se está efectuando su proceso
de transformación a escala mundial, cuyo eje es el
posicionamiento de los habitantes como centro de la seguridad y
no el Estado...”[4]. Prescribe esta concepción
que: “... El primer y esencial elemento es la posibilidad para
todos los ciudadanos de vivir en paz y seguridad al interior de
sus propias fronteras. Eso implica la capacidad del Estado y sus
ciudadanos para prevenir y resolver los conflictos por la vía
pacífica y no violenta y, luego que el conflicto es saldado, la
habilidad para efectivamente ejecutar el esfuerzo para la
conciliación...”[5]; consecuencialmente: “... Los
requerimientos de la seguridad hoy en día abarcan la protección
de las comunidades y de los individuos de la violencia
interna... asegurar que cada individuo tenga las oportunidad de
elegir y desarrollar su propio potencial... Ausencia de
precariedad en la atención de necesidades básicas, hacer
humano libre de angustias y temores, y la posibilidad para las
generaciones siguientes de heredar un medio ambiente natural
saludable...”[6]
El asunto comienza a ser
tratado en el Grupo del Club de Roma en 1970 con la producción
de una serie de documentos donde la premisa se concreta en la
idea: “... un complejo de problemas angustia y hostiga al
hombre en todas las naciones: pobreza, degradación del medio
ambiente, pérdida de confianza en las instituciones, expansión
incontrolada de las áreas urbanas, inseguridad para el empleo,
alienación de los jóvenes, repudio hacia los valores
tradicionales, inflación y otros desgarros en materia económica
y financiera... El sentido común de la seguridad, requiere que
la gente viva con dignidad y en paz, que ellos tengan suficiente
para alimentarse y estén capacitados para conseguir empleo y
vivir en un mundo libre de pobreza y de miseria...”[7].
La segunda importante iniciativa estuvo en las manos del
gobierno canadiense y varios de sus académicos: “... para
evaluar el debate sobre la concepción de seguridad, resulta
vital definir más específicamente el término. Eso requiere
como mínimo, dos cosas: un acuerdo conceptual para la raíz y
el significado de seguridad, y una más elaborada especificación
del término con la referencia a una serie de cuestiones:
seguridad para quién, seguridad en base a cuáles valores, cuánta
seguridad, seguridad ante cuáles precisas amenazas y seguridad
por cuáles medios... Primero que todo el análisis requiere
un básico entendimiento en cuanto a cuál es el problema de
seguridad...”[8]. En síntesis, para el gobierno de
Canadá, seguridad humana significa ausencia de profundas
amenazas a los derechos de los individuos, seguridad para sus
vidas: “... Un mundo humanizado donde las personas puedan
vivir con seguridad y dignidad, libre de pobreza y de
desesperanza, es un sueño para muchos para ser disfrutado por
todos. En tal mundo, a todas las individualidades, le estará
garantizada la ausencia de miedos y temores, la ausencia de
necesidades, con igualdad de oportunidades para el desarrollo de
su potencial humano...”[9]
Seguridad humana
La formulación “... de
la seguridad pública en estos términos comprende la seguridad
ciudadana entendida como la seguridad de todas las personas
concretamente consideradas; implica por tanto el desarrollo de
condiciones que permitan la regulación eficiente de la
violencia, individual o social, incluyendo la regulación de la
violencia de las propias instituciones del orden público... Por
tanto, desde la perspectiva de la seguridad humana adquiere
particular relevancia que las políticas de seguridad pública,
junto con apuntar al funcionamiento eficiente y eficaz de las
instituciones de la seguridad pública en el resguardo de la
tranquilidad y del orden público, se orienten hacia la reducción
del control policial/penal al mínimo necesario y a asegurar,
mediante la regulación jurídica y ciudadana del uso de la
violencia por estas instituciones, que su accionar no ponga en
riesgo la seguridad de las personas; además de procurar que los
conflictos derivados de problemas sociales propios del sistema
socio–económico y cultural y del modelo de desarrollo,
busquen su regulación y resolución a través de las políticas
sociales o de cambios sociales, sin que dichas políticas sean
concebidas como parte de la política criminal, aunque puedan
tener efectos en la disminución del delito... La seguridad
humana constituye una reelaboración que, para que fructifique,
tiene que ser hecha desde lo público; supone conceptuar lo público,
la soberanía, la ciudadanía en el mundo global. Tiene que ver
cómo regulamos y cómo controlamos nuestra convivencia...
Debate imprescindible si queremos redefinir la seguridad pública
en términos coherentes con la noción de seguridad humana...”[10]
Hechos, frente al planteamiento político y
académico
Sea uno cualquiera de los términos
expuestos, orden público, seguridad de Estado, seguridad pública,
ciudadana o seguridad humana, que seleccionemos para analizar en
particular y concretar los efectos de la acción y omisión del
Estado en sus distintos períodos de gobierno durante los últimos
siete lustros –las individualidades actoras en posiciones de
poder político, sólo y exclusivamente han disfrutado de los
signos exteriores de poder, puesto que éste, el poder, de
acuerdo a los resultados, jamás han sido ni son capaces de
ejercerlo– nos brinda un mismo resultado: ha sido, es y seguirá
siendo el Estado una entelequia y los funcionarios de gobierno,
los primeros y principalísimos gestores y actores en la violación
de los derechos humanos y del desorden público y la derivada
inseguridad objetiva y subjetiva a la cual hemos estado y
estamos sometidos los moradores de este territorio. Veamos en
los siguientes párrafos, la síntesis ejemplarizante de tal
afirmación:
Según Kanti Bajpai[11], siete son los inapelables
e insustituibles componentes del moderno concepto de Seguridad
Humana:
-
Seguridad Económica, se refiere al
disfrute individual de ingresos básicos, sea por medio de
empleo remunerado, sea por la vía de la red de asistencia
social.
-
Seguridad a la Alimentación, se refiere
al acceso individual a la alimentación por la vía de sus
propias capacidades, empleo e ingresos
-
Seguridad de la Salud, la capacidad
individual de estar libre de las múltiples epidemias y
enfermedades debilitantes y el acceso a la atención
sanitaria.
-
Seguridad Ambiental, la integridad del
territorio donde habita, aire, agua, que haga la vida humana
posible
-
Seguridad Personal, el derecho a no ser víctima
del crimen y de la violencia, especialmente en el caso de
los más vulnerables, mujeres y niños
-
Seguridad de la Comunidad, se refiere a
la dignidad cultural, y a la paz entre las comunidades donde
los individuos nacen y crecen.
-
Seguridad Política, la protección
contra toda violación del derecho humano.
Inseguridad
Siete son,
consecuencialmente, las realidades de la vida diaria que
despojan al venezolano de su carácter de ciudadano, para
lanzarlo sin contemplación, a una disminuida condición de
simple morador de un territorio, que no Estado o simple país en
el concierto de naciones del mundo:
-
No puede existir seguridad humana en el
ámbito económico para los integrantes de una comunidad de
pobladores de un territorio donde se registra en el último
año sujeto a observación (2003), un índice de desempleo
por sobre el 18 %, un subempleo (buhonería) por sobre el
53%; unido a una cesta básica alimentaria cuyo valor
monetario está por sobre el millón de bolívares; donde no
existe una legislación para un Régimen de Pensiones que
beneficie a todos los habitantes por igual, y donde una dinámica
perversa en la relación laboral, despoja impunemente al
trabajador de sus haberes o parte importante de ellos. Los
fondos líquidos acumulados por el trabajador en el
inestable sistema de prestaciones sociales, que debieran
serles cancelados junto con la carta de despedido –puesto
que es el objeto primordial de ello, es para permitirle al
trabajador una capacidad económica para su sustento y el de
sus dependientes durante el lapso que requiera mientras
consigue otra nueva ubicación laboral–, pero le son
ilegalmente retenido por el empleador –especialmente el
Estado–, y sólo luego de un largo e interminable proceso
de negociación, o por la vía jurisdiccional, que no tarda
menos de tres años, es posible que le sean dispensados esos
fondos, pero, con una determinante característica: en la
entrega del valor nominal de esos fondos, aún indexados y
pagados los intereses, se ignora por completo el concepto de
valor de oportunidad –es decir, la cantidad de bienes que
pudiere haber adquirido el trabajador para el momento en que
se causa la deuda del empleador con respecto al
trabajador– y generalmente cuando los recibe, su valor
monetario –traducido en la cantidad real de bienes que
puede adquirir en ese momento–, comparado con aquel
momento del pago final, es, en el mejor de los casos,
inferior al cincuenta por ciento; de ello deberá deducir,
luego, los honorarios de abogados y aquellas erogaciones (o
comisiones) extraordinarias que deberá prometer y hacer
efectivas para agilizar los trámites para recibir el pago.
.
-
No puede existir seguridad humana en el
ámbito de la alimentación, si en términos prácticos,
para cubrir la canasta o cesta básica –que no
la normativa– el trabajador requiere de ingresos mensuales
equivalentes a no menos de dos y medio a tres salarios básicos.
Es decir, el grupo familiar del trabajador requiere que por
lo menos tres de sus integrantes devenguen por lo menos,
cada uno, un salario mínimo.
-
No puede existir seguridad humana en el
área de la salud, si el desastre sanitario y hospitalario
generalizado en todo el territorio tiene como consecuencia
inmediata para la población y en especial la de menos
recursos, el resurgimiento de enfermedades y epidemias que
ya habían sido superadas cinco años atrás –tal es el
caso del paludismo, tuberculosis, mal de chagas–; si los
hospitales públicos, aparte del estado deplorable de
instalaciones y equipos, de la severa ausencia de asepsia,
están absolutamente desprovistos de los insumos básicos
para brindar el servicio de una atención médico–clínica
medianamente eficiente. Hasta el punto de que, cualquiera
sea el morador del territorio que acuda a solicitar atención
médico–hospitalaria de emergencia y de cualquier género
en uno u otro de estos hospitales para ser atendido a
medias, deberá adquirir antes de su propio peculio,
instrumental, medicinas, sábanas, almohadas, vestimenta
individual, y la familia suministrarle además los insumos y
medicinas, y la alimentación diaria del paciente mientras
dure su tratamiento y hospitalización.
-
No puede existir seguridad humana
ambiental en un territorio donde la ausencia del ejercicio
del control e imposición de las normas de regulación para
la construcción de habitaciones, por parte de los
responsables de la Administración, ha permitido y permite
en las ciudades más importantes del país, la edificación
de rancheríos en áreas que carecen totalmente de servicio
de agua potable y cloacas, produciéndose con ello un
hacinamiento cada vez mayor de concentraciones humanas en
laderas, cauces de agua y terrenos inestables, no aptos y frágiles,
que en cada época de lluvias cobra buena cuota en pérdida
de vidas humanas y de bienes; situación que se arrastra
desde hace más de quince años y que está vigente y
potenciada. El mejor exponente lo constituye la llamada
Tragedia de Vargas en 1999. Imposible aceptar la vigencia
del concepto de seguridad ambiental, en la ciudad de Caracas
cuyas vías públicas en su centro geográfico plena de
buhoneros e indigentes, se encuentran saturadas por
toneladas de basura desparramada, abierta y a la intemperie,
de desechos orgánicos, entre otros, derivados de alimentos
en estado de descomposición, de excrementos producto de las
defecaciones y el orine de una población de buhoneros e
indigentes que a falta de sanitarios, lo hacen y acumulan en
la vía pública.
-
No puede existir seguridad humana al
interior de una sociedad donde la violencia criminal cada
vez más extendida a lo largo y ancho del territorio, hace
estragos. Casi 40.000 homicidios en los últimos cinco años,
más de 11.000 asesinados en el año 2003 –no menos del
90% de ellos a tiros–; lo que impone una tasa de
homicidios que ya alcanza a más de 40 muertos por cada 100
mil habitantes, y una de secuestros –no incluidos los
llamados express– que se ubica en un secuestro cada 41
horas año (2003).
-
No puede existir seguridad humana en el
ámbito de la vida en comunidad, si la política adelantada
por el gobierno de turno desde hace ya cinco años, consiste
precisamente en sectorizar y dividir la población de un
mismo territorio en dos grupos enfrentados, y dispuestos a
la aniquilación de uno u otro si llegare la oportunidad.
Hasta el punto de que, para integrantes de ambos sectores
enfrentados constituye severo riesgo de ser objeto de
violencia, si por alguna circunstancia se hace presente o
transita por el territorio del sector opuesto donde no se le
conoce ni al cual pertenece. En nombre de una supuesta
revolución, supuestos representantes del sector
identificado como el de menores recursos y, supuestamente,
afectos al gobierno, toman por la fuerza y se apropian de
calles, avenidas, plazas y otros lugares públicos, dañan o
destruyen bienes públicos y privados; mediante el uso de la
amenaza, con la abierta exhibición de armas, artefactos
explosivos y del uso de la violencia directa sobre personas
y los bienes, impiden el libre tránsito de vehículos y
personas y de cualquiera que no esté suficiente, pública y
abiertamente identificado con los intereses del gobierno, a
los efectos, catalogados como “enemigos del proceso”.
-
No puede existir seguridad y respeto por
los derechos humanos, en una comunidad donde –para señalar
sólo una de las más aberrantes y consuetudinarias prácticas–
en nombre de una supuesta guerra contra el delito y
los delincuentes, y donde los más altos cargos de la
Administración –central, regional o local– proponen y
abogan impúdica y públicamente –el “Plomo al
Hampa”– por la muerte de todo aquel morador del
territorio que tenga características o sea que pueda ser
catalogado como delincuente,. pre-delincuente, azote de
barrio o, simplemente, como individuo con antecedentes
policiales. Así se concreta y materializa en la sostenida
aplicación sumaria de la pena de muerte o ejecuciones
extrajudiciales: mediante el secuestro, la falsa detención,
la tortura y la masacre a tiros, la desaparición forzada de
personas. Actos todos ejecutados por funcionarios policiales
–uniformados o no– de mediana y menor jerarquía y
haciendo éstos abierto y libre uso de equipos, vehículos,
credenciales, armas, municiones, de instalaciones propiedad
y bajo custodia del Estado. Por tanto –por acción y omisión–,
derivado inapelable de ello, con el silencio, el aval y el
apoyo de los cuadros medios y cuadros superiores de los
mandos policiales, a lo cual se agrega, la anuencia o
tolerancia de toda la estructura funcional del Estado,
contada desde los responsables políticos del alto gobierno
en el área de la seguridad pública, los ministros del área,
hasta alcanzar la responsabilidad derivada, al propio
Presidente de la República. Tal es el caso de no menos de
dos mil personas –que se conozca por los medios de
comunicación y por los informes de algunas ONGs–, y
absolutamente en ninguno de tales casos, antes, durante o
después de ocurridos, ningún representante de la Fiscalía
General, de la Defensoría del Pueblo, ningún jefe
policial, representante alguno del Poder Ejecutivo, del
Poder Legislativo o del Poder Judicial, en no menos de cinco
años, ha emitido pronunciamiento alguno; menos aún,
adoptado o hecho adoptar medida alguna para contener o
detener las matanzas en ninguna entidad del territorio
venezolano. Matanzas que por su número, secuencia,
continuidad, tipología de víctimas y modalidad bordean
sino están ya dentro de los términos universales definidos
y prescritos para el delito de genocidio.
Concretando
Resulta pues irrefutable,
el resultado de esa reflexión o síntesis pragmática, que nos
lleva a titular esta nota.
Visto los términos en que
la academia en el mundo moderno concibe la seguridad humana en
la post Guerra Fría; comparados éstos con las realidades
a la cual hemos estado y estamos enfrentados todos los moradores
fijos o en tránsito por este territorio, tanto como hombre común
en particular y como miembro de la comunidad venezolana en su
conjunto en los últimos treinta y cinco años, no nos queda
otra alternativa que preguntarnos: ¿Cual Estado?; ¿cuál
país?; ¿cuál sociedad?; ¿cuál democracia?; ¿cuál
ciudadano?.
Si como ha quedado
evidenciado de la lacónica comparación entre los elaborados
conceptos modernos sobre la seguridad humana y la realidad que
ineludiblemente a diario se vive, no podemos concluir sobre otro
esquema que el de considerar que, quienes habitamos en el
espacio geográfico de lo que nos queda de la original Capitanía
General de Venezuela, perdido como comprobado ha quedado nuestro
carácter de ciudadanos, no pasamos jamás de ser más allá de:
simples moradores de un territorio.
Consecuencialmente
Este el marco de referencia
para propios y extraños y el que tenemos. Sobre el que
deberemos incidir, modificar y trabajar quienes, de una u otra
forma, pretendamos, en consecuencia, recuperar alguna vez en el
futuro la condición de ciudadanos de un país. Militantes
proactivos de nuestra propia obra en la construcción de una
verdadera sociedad moderna y de un reconocible, reconocido y
respetable gentilicio. Es por la insustituible acción continua
y sostenida de todos y cada uno de los que ahora sólo somos
moradores, y por la dinamizada vía de imponer –por
todas los medios posibles y a nuestro alcance, a diario, en cada
minuto o circunstancia y por encima toda otra consideración–
sobre quienes pretendan –individualidades, partidos o
corporaciones políticas, sociales, económicas, militares o
religiosas– asumir el compromiso de dirigir desde el poder la
consecución del objeto de ese empreño, si es que alguna vez la
sociedad civil en general y cada uno en particular,
independiente de condición social, económica o profesional, lo
asumen como tal.
No sólo y exclusivamente
es el de hacerlos ejercer el poder legal en todos y cada uno de
los niveles de mando dentro de las estrictas normas que lo
regulan, sino más trascendente aún, la principalísima acción
del y de los ciudadanos, obligar a rendir pormenorizada y periódica
cuenta tanto de los compromisos asumidos como de los resultados,
reales y tangibles, obtenidos de su desempeño. En materia de
seguridad pública, ciudadana y humana, comenzando por el nivel
local, el más cercano al ciudadano, el Alcalde, el Jefe Civil
de la Parroquia, el Jefe de la Policía Local; son jerárquicamente
los responsables directos del hacer y dejar de hacer de cada
funcionario; por sobre ellos están los otros poderes del Estado
que también deberán ser exigidos de asumir las
responsabilidades de mando y conducción de la Administración
en materia de seguridad. En esta acción de los ciudadanos, los
medios de comunicación son una herramienta, pero, no se puede
desdeñar a los efectos de la continuidad en el esfuerzo en
función de un preciso objetivo “... el poder fascinador del
desastre, una vez convertido en producto mediático... basta un
destello de destrucción para acaparar nuestra mirada hipnótica.
Como un buen ilusionista, el desastre distrae la atención de un
público sediento de emociones para, de esta forma, hacer que
desaparezca de la escena el complejo proceso de creación y
desarrollo del riesgo (cadena causal) que lo ha provocado, así
como la aún más compleja trama de responsabilidades y
complicidades...”[12]
Vía de acción
Electos o selectos, no
existen ni pueden existir medias tintas, zonas oscuras o
alternativas para evadir las responsabilidades políticas del
funcionariado –derivados legales del ejercicio de los cargos
para los cuales se juramentan–, asumir que, o cumplen unos y
otros con sus deberes y obligaciones y a satisfacción del
ciudadano, o salen del cargo, sea por la vía de la destitución,
por la vía de la renuncia, por la vía de juicios por ante la
jurisdicción; o sea, por la vía de una escalada en la presión
y la movilización ciudadana. En sus estadios iniciales, por
medio de la demanda particular de los o el afectado –verbal y
escrita– en cada caso, a falta de respuesta, por la demanda de
resultados canalizada y sostenida por la vía de los medios de
comunicación, pasando luego a las acciones de calle, y en última
instancia, por el camino de la desobediencia civil. Se trata de
un proceso político –continuo y sostenido– de movilización
social que debe adelantar la ciudadanía, por principio,
en la búsqueda de los mejores para la administración de su
seguridad y, derivado de ello, por la paz, el sosiego y el
disfrute de las oportunidades, que brinda la condición de
ciudadanos en una verdadera dinámica democracia..
Si queremos edificar y
mantener la condición de País, de Estado, de Democracia y de
Ciudadanía, el poder político no puede ni debe seguir
exclusivamente en manos de privilegiados que no rinden cuenta
periódica de su labor y bajo la égida de quienes al más alto
nivel político, ejercen los cargos a su libre saber y entender.
En un Estado de ciudadanía moderna el poder político, según
la norma vigente, está, debe estar y estará –si es que
alguna vez salimos de nuestra cómoda posición de moradores de
un territorio y asumimos todos nuestra pretensión y
responsabilidad ciudadana– en manos de la principal víctima o
beneficiario de las ejecutorias del poder político: el
Ciudadano.
Toda comunidad humana, tiene el gobierno que
se merece
No esperemos ni pidamos
entonces otra vez, como constantemente lo hicimos en el pasado,
que otros –gobiernos extranjeros, grupo de amigos, líderes,
caudillos, iluminados, mesias, revolucionarios, parlanchines,
payasos o patanes– hagan por nosotros lo que nosotros no hemos
sido o no somos capaces de hacer. Ganémonos nuestra
incuestionable e indiscutible condición de ciudadanos de un país;
construyamos las oportunidades con el poder que tenemos en
nuestras propias manos, y la decidida voluntad para asumir los
riesgos. Hagámoslo, nosotros mismos.
[1] Jaume Curbet
.Instituto Internacional de Gobernanza; editor de Gobernanza y
Seguridad Sostenible; Nº 14, 2 de diciembre de 2003
[2] Mauiricio Salinas
Escobar; Loreto Hoecker; “La seguridad pública desde la
perspectiva de la seguridad humana”; Gobernanza y Seguridad
Sostenible; Nº 6, 27 de agosto de 2002.
[3] Marco A. Valle Martínez.
“Notas sobre la seguridad ciudadana”; Gobernanza y Seguridad
Sostenible; Nº 8, 17 de diciembre de 2002.
[4] Marco A. Valle Martínez,
citado
[5] Sadako Ogata; United
Nations High Commissioner for Refugees at the Asian Development;
“Inclusión o Exclusión: Social Development Challenges For
Asia and Europe”; Bank Seminal 27 de abril 1998
[6] Kofi Annan;
Secretario General de las Naciones Unidas, 8 al 10 de mayo de
2000
[7] Kanti Bajpai;
Associate Professor, School for Internationa Studies Jawaharlal
Nehru University, New Delhi; “Human Security: Concept and
Measurement”, Kroc Institute Occasional Paper, 1 de agosto de
2000.
[8] David Baldwin;
citado por Kanti Bajpai
[9] Definición del
Gobierno de Canadá.
[10] Mauiricio Salinas
Escobar; Loreto Hoecker, citados
[11] Kanti Bajpai,
citado
[12] Jaume Curbet,
citado, 25 de junio de 2002
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